Localizan más de 150 pozos ilegales en los primeros tres días de búsqueda

Voluntarios de Protección Civil continuarán este fin de semana con las labores

Voluntarios de Protección Civil, colectivos ecologistas, agentes de distintos ayuntamientos y particulares, a través de Emergencias 112 y del registro abierto en la web http://atpca.es/ES/ATPCA13.html, han podido localizar en estos últimos tres días más de 150 pozos en situación irregular o que carecían de las mínimas medidas de seguridad. Así lo han confirmado a La Opinión de Málaga fuentes de la Asociación de Técnicos de Protección Civil de Andalucía (ATPCA) que a principios de esta semana alertaba a sus voluntarios para que emprendieran la búsqueda de pozos como el que propició en Totalán la caída del pequeño Julen.



El registro de pozos peligrosos se ha abierto para evitar, precisamente, episodios como el que ha movilizado en las últimas semanas a medio planeta. «Durante el fin de semana muchos voluntarios de Protección Civil que de lunes a viernes estudian o realizan otras labores, bien sus propios trabajos profesionales o cualquier otra actividad, se incorporarán a la búsqueda», relataba un portavoz en la provincia.

La cifra apuntada para los tres primeros días de campaña para la localización de perforaciones al aire, sin vallas ni sellado para evitar accidentes, es superior a la imaginada para el territorio malagueño. Los técnicos especificaban que algunos voluntarios han aportado «pozos que ya eran conocidos y que figuraban en el inventario» que a título particular habían elaborado algunos colectivos ecologistas o asociaciones de senderistas. Pero da cuenta de la problemática existente, con la presencia de pozos abiertos hace décadas y que no han sido vigilados por las autoridades competentes, en especial por los respectivos ayuntamientos.

Otros pozos que también figuran ya en el registro impulsado por Protección Civil en Andalucía son los que distintos consistorios ya han clausurado durante esta misma semana, a raíz de la muerte de Julen y «basándose en informes municipales donde ya la Guardia Civil alertaba de la situación de determinadas perforaciones».

Piden una nueva legislación

El Colegio de Geólogos puso ayer el acento en la necesidad de mejorar la regulación en general de todos los sondeos y perforaciones que tienen como objetivo investigar la existencia de acuíferos o la localización de aguas subterráneas en zonas de interés agrícola, turístico o residencial. Expresaron a través del presidente nacional de este colectivo, Manuel Regueiro, que la legislación actual sólo obliga a pedir la licencia de obras, «pero no obliga a presentar un proyecto para realizar un sondeo de investigación».

Al igual que ya habían reconocido a este periódico los portavoces de los distintos sindicatos agrarios con representación en Málaga, Regueiro aludió a que la ley «solo obliga a pedir permiso para los proyectos de investigación subterránea que prevean una futura captación de agua superior a 7.000 metros cúbicos al año».

Sobre este asunto ya replicaron ayer a las autoridades y colectivos ecologistas algunos agricultores, al señalar que en la mayoría de los casos no estaban obligados a solicitar sus perforaciones. «Si la captación es inferior, el titular de la obra no tiene obligación de registrarlo previamente en el Registro de Aguas del Organismo de Cuenca ni pedir autorización alguna», matizó Regueiro.

Sólo una vez realizada la obra, si el resultado es positivo (en el caso del pozo de Totalán por el que cayó Julen no lo fue) y se va a extraer el agua, sea la cantidad que sea, «es obligado inscribir el pozo en el registro». Para los geólogos, a través de dicho portavoz nacional, lo lógico es que se solicite para cualquier futura perforación en la búsqueda de aguas no sólo la licencia de obras, «sino también un proyecto de investigación suscrito por un técnico competente que lo elabore y lo presente ante la Confederación Hidrográfica correspondiente y, además, supervise la ejecución de la obra».

Pero además tampoco se halla «claramente regulado» el sellado de sondeos. La legislación vigente, que se remonta a 1986, «obliga a sellar los pozos en los que cesa la actividad de extracción de agua»; y no regula las investigaciones sin agua o que no llegan a utilizarse.

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