La Unidad Adscrita de Policía esclareció 22 incendios, denunció 52 pozos clandestinos e intervino en la retirada de 15 menores en 2019

La delegada del Gobierno en Málaga presenta la primera memoria de la Policía autonómica y destaca la libertad de elección de centro escolar en el decreto aprobado por la Junta de Andalucía. 

El Consejo de Gobierno celebrado el pasado lunes conoció la Memoria de actividades de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente a 2019, en la que destacan las actuaciones policiales ante el incremento de incendios registrados y la labor de inspección sobre la prospección de pozos en la provincia.



“Tengo que decir que es la primera vez que se elabora este documento con unos parámetros determinados y establecidos para poder realizar un análisis comparativo temporal y planificar una actuación más eficaz en los casos que se considere necesario”, ha explicado la delegada del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro, quien ha presentado el balance de actuaciones de la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma en Málaga.

En la provincia “ha sido muy relevante la labor de la Jefatura Provincial en la investigación de incendios forestales, logrando esclarecer 22 de un total de 23, 8 cometidos por la misma persona, no sé si recordarán, en el municipio de Mijas”, ha indicado. Además, se puso a disposición judicial a un total de 12 personas en 2019, frente a las 7 del año anterior, en que se registraron también siete incendios.

Navarro ha destacado además la participación de la Policía Adscrita en el dispositivo de rescate de Julen, el menor que cayó en un pozo en Totalán “y que tuvo un final tan desgraciado, tras lo cual la Unidad localizó y denunció 52 pozos clandestinos a lo largo de toda la provincia que han sido clausurados. Se tramitaron 20 actas de denuncia y se remitieron informes a los organismos competentes para adoptar las medidas de seguridad adecuadas.

En cuando al área de Juegos y Espectáculos públicos, la delegada se ha referido a la más reciente operación en la que ha sido cerrado cautelarmente un salón de juegos en Rincón de la Victoria al detectarse en su interior a un total de 9 menores.

“Como saben este Gobierno aprobó en diciembre del año pasado un Decreto-ley por el que se modifica la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y una de las prioridades ha sido proteger a los mas vulnerables, como son los menores, por eso queda totalmente prohibido el acceso y juego de éstos”, ha añadido. Dicho incumplimiento conlleva el cierre cautelar y sanciones importantes.

En el caso de Rincón, intervención que la Policía Adscrita llevó a cabo gracias a la colaboración también de la Guardia Civil, que levantó acta, el salón permanece cerrado y se ha abierto expediente sancionador que puede llegar hasta los 300.000 euros.

Es el tercer local que se cierra en la provincia en lo que va de año, pero en los meses de octubre y noviembre ya se clausuraron de forma preventiva dos salones de juego en Málaga, precintándose un total de 33 maquinas tipo B; nueve de apuestas deportivas y cinco de cambio automático consecuencia de las irregularidades detectadas, tales como incumplimiento de horarios de cierre, obstrucción a la labor inspectora y no controlar el acceso al establecimiento.

Durante el mes de junio, además, se llevó a cabo una investigación mediante la cual se logra detectar y desarticular un establecimiento de hostelería dedicado a la organización y celebración de apuestas hípicas ilegales. Se intervinieron 1.203,50 Euros en efectivo, así como diversa documentación de contabilidad y anotaciones relacionada con la actividad ilegal.

Así, se han inspeccionado 50 establecimientos públicos, se han levantado 25 actas de denuncia y han sido detectadas 61 infracciones.

En 2019 además se inspeccionaron 245 salones de juegos y apuestas con resultado de 195 actas de denuncia, 355 infracciones detectadas, 73 actas de constatación y 189 informes. Fueron inspeccionadas 2.701 máquinas, 150 destruidas, 57 precintadas y tres decomisadas.

Respecto al juego ilegal se han intervenido 1.921 boletos y 1.603 euros.

Otra de las áreas de actividad en las que trabaja la Policía Adscrita es la de Protección al Menor. En este ámbito en 2019 fueron retirados 15 menores, entre ellos cuatro hermanos de entre 3 y 16 años de edad que ocupaban con su madre una vivienda sin condiciones de habitabilidad ni salubridad y estaban sin escolarizar ni control médico alguno. Procedían de Tenerife y fueron devueltos a la isla con su abuela con la que residían.

La delegada del Gobierno ha incidido en que la coordinación de la Policía Adscrita con los servicios sociales y demás agentes implicados en la protección de los menores “es fundamental, y quiero poner de relevancia el esfuerzo y felicitar a todos los trabajdores, empleados públicos de los servicios sociales, por la labor tan compleja, delicada y a veces desagradecida que relizan día a día para que estos menores puedan tener el mejor de los futuros”,

Navarro ha reiterado la importancia de la Memoria anual que permite analizar la actividad de esta división del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma “para mejorarla si es necesaria, pero sobre todo para ponerla en valor, porque es una auténtica desconocida para la opinión pública y para los ciudadanos”.

En esta línea ha querido agradecer la “importante tarea de los agentes y su constribución a la mejora de la seguridad ciudada con actuaciones en ámbitos concretos como el de juegos y espectáculos, incendios, protección de edificios, actuaciones en vivienda, tabaco, medio ambiente, menores y animales peligrosos.

Decreto de Escolarización
El Consejo de Gobierno aprobaba el lunes también el nuevo decreto que regula los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil Primaria, Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

La principal novedad es la existencia en todas las zonas de un centro público y un concertado, siempre que en la localidad exista un concertado. Así, se refuerza el derecho de las familias a elegir.

“Queremos avanzar en el derecho de libertad de elección de centros de las familias, mejorar el procedimiento para que sea aún más transparente e impulsar la conciliación familiar”, ha dicho Navarro.

Las modificaciones se han realizado en función de una serie de criterios, como los núcleos poblacionales en los que están ubicados los centros, la continuidad de Segundo Ciclo de Infantil / Primaria, Secundaria y Bachillerato siempre que haya sido posible, y la distancia entre los centros. Se tendrán en cuenta los casos de hermanos y se amplía el número de tramos de renta.

En la provincia de Málaga, de las 729 áreas de escolarización existentes, de todas las enseñanzas, sólo ha sido necesario realizar modificaciones en 91 de ellas. Corresponden a los municipios de Benalmádena, Fuengirola, Málaga, Marbella, Nerja, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Este curso escolar hay matriculados en la provincia de Málaga unos 338.000 alumnos de todas las enseñanzas no universitarias. De ellos, alrededor de 125.000 corresponden a la capital.

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