Las víctimas, bien por evitar que sus allegados supieran que habían contactado con prostitutas o bien por temor a un riesgo real para su vida o para la de su familia, accedían al pago de la cantidad que les pedía los extorsionadores.
Agentes pertenecientes a la Jefatura Superior de Valencia y la Brigada de Policía Judicial de Dénia en una Operación llevada a cabo a nivel nacional durante los meses de noviembre y diciembre han detenido a trece personas pertenecientes a un grupo criminal en las localidades de Murcia y Valencia los cuales presuntamente, se dedicaban, a extorsionar a personas que contactaban con prostitutas a través de Internet.
La estafa afecta a personas, generalmente hombres, que solicitan servicios de contenido erótico o sexual a través de Internet con alguna mujer que se ofrece públicamente. Hasta el momento no hay constancia de que se hayan materializado las amenazas de los presuntos estafadores, se recomienda no realizar pago alguno y avisa de, que una vez que se materializa el primero de ellos, a éste le sucederán una serie de requerimientos interminables.
La operación a nivel nacional se inició a raíz de la cantidad de denuncias interpuestas por los perjudicados existentes en todo el territorio nacional. La investigación ha sido desarrollada por agentes de las Brigadas de policía Judicial de la Comisaría de Dénia y de la Jefatura Superior de Valencia a partir de las denuncias recibidas.
Modus operandi
Tras interesarse por los servicios sexuales ofrecidos en anuncios falsos de diversas páginas web, las víctimas recibían unos días después diversos mensajes amenazantes desde un número que no conocían. Se trataba del supuesto jefe de las chicas, quien les recriminaba haberles hecho perder el tiempo y les exigía una cantidad de dinero como compensación económica bajo amenaza de daño físico o de la publicación de esos mensajes o de la comunicación a sus familiares.
Los investigadores piensan que estos primeros mensajes pudieran enviarse de manera automática y con el mismo texto a un gran elevado número de personas al azar, con el único objetivo de que alguno de ellos fuese contestado y establecer así un primer contacto. Establecido ese primer contacto los detenidos desempeñaban una labor de ingeniería social, realizando búsquedas en fuentes abiertas en relación a sus víctimas, para tratar de conocer cuantos más datos fuera posible de su vida privada para poder amenazarlos y conseguir un mayor desembolso económico de estos.
Utilizaban en sus fotos de perfil imágenes de personas con aspecto amenazante y emulaban el acento de ciudadanos de Europa del Este cuando realizaban llamadas telefónicas.
En las siguientes conversaciones, hacían constatar a sus víctimas que conocían suficientes datos sobre ellos como para dar a conocer a sus allegados lo que habían hecho o ir a donde se encontrasen para infringirles daño físico, todo ello con el mezquino propósito de atormentarlos lo suficiente como para que ingresaran el dinero solicitado.
Las víctimas, bien por evitar que sus allegados supieran que habían contactado con prostitutas o bien por temor a un riesgo real para su vida o para la de su familia, accedían al pago mediante transferencias bancarias, proveedores de servicios de pago o códigos de dinero. Pero los autores no paraban ahí, e intentaban exprimir a las víctimas tratando de obtener el máximo beneficio económico posible.
En algunas ocasiones, los extorsionadores envían a sus víctimas fotos de otras supuestas víctimas anteriores que, según relatan, habrían sido agredidas o mutiladas por no querer hacer frente al pago de la cantidad económica.
Grupo criminal jerarquizado
Dentro del grupo criminal no todos desarrollaban la misma labor, dos de los detenidos eran considerados los cabecillas y los encargados de conseguir los datos personales y amenazar a los perjudicados, los otros tres arrestados eran utilizados como «mulas» para abrir y gestionar las cuentas bancarias donde era ingresado el dinero de las víctimas, labor por la que recibían un diez por ciento de lo extorsionado.
A pesar de que el grupo criminal estaba enclavado en la ciudad de Valencia y alrededores, las víctimas residían en toda España. De esta manera consiguieron que las víctimas les transfirieran entre 1.000 y 6.000 euros, entregas que estos hicieron a través de trasferencias bancarias, tarjetas monedero o incluso por proveedores de servicio de pago instantáneo.
Del estudio de las cuentas bancarias utilizadas por los detenidos se ha podido inferir que los arrestados hubieran podido obtener un beneficio de unos 150.000 euros durante el último año.
