Tras dar luz verde el Congreso, ahora la tramitación pasa al Senado y la norma entrará en vigor en los próximos meses, una vez reciba el ‘ok’ definitivo.
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la reforma de la Ley de Tráfico, que aumenta el castigo por mirar el móvil al volante o no llevar cinturón, aunque finalmente no prohíbe acelerar 20 kilómetros por hora cuando se vaya a producir un adelantamiento en carreteras convencionales. El articulado da así un paso más después de que el anteproyecto se aprobase en Consejo de Ministros en noviembre del pasado año. Ahora la tramitación pasa al Senado y la norma entrará en vigor en los próximos meses, una vez reciba el ‘ok’ definitivo, según informa 20 Minutos.
La reforma ha sido aprobada por la Comisión de Interior tras haber aceptado los proponentes diferentes enmiendas al proyecto original de grupos como Ciudadanos y el PP, que han propuesto que a partir del 6 julio de 2022 los conductores profesionales de transporte de viajeros y mercancías deban disponer de alcoholímetros antiarranque. Eso sí, la aprobación no ha llegado sin polémica, porque finalmente el texto no incluye la derogación de la norma que permite a los conductores superar en 20 km/h los límites de velocidad de las carreteras convencionales cuando quieran adelantar a otro vehículo, un extremo que lleva vigente en España desde hace 50 años. Diferentes grupos habían presentado una enmienda para impedir la derogación de la norma, y aunque a priori no contaban con apoyos suficientes, un error en la votación ha permitido que se aprobase una enmienda del BNG que deja la norma como está.
El presidente de la Asociación Europea de Automovilistas, Mario Arnaldo, muy crítico con el proyecto, ha recibido con júbilo la noticia, ya que había calificado la intención del Gobierno de eliminar ese margen como una «medida ideológica» que se intenta imponer «sin informes técnicos y económicos».
La reforma endurece los castigos en el sistema del carnet por puntos para aquellos conductores que lleven a cabo «comportamientos» que «generan mayor riesgo para la conducción». En este sentido, se aumentan de tres a seis los puntos que perderán aquellos conductores que miren el móvil conduciendo, y de tres a cuatro aquellos que no porten cinturón de seguridad, casco u otros elementos de protección.
Respecto a esto, Arnaldo argumenta que el sistema, que se comenzó a aplicar en 2006, debe tener efectividad, «algo que ahora no tiene». Así, declara que «no se resuelve el problema» que se genera cuando un conductor se queda con puntos negativos. En su opinión, el agotamiento de los mismos debería conllevar la pérdida «del derecho de conducir». Conducir sin puntos, según una sentencia del Tribunal Supremo, está penado con multas de hasta 6.000 euros o penas de prisión de hasta seis meses, aunque los puntos se pueden recuperar en cursos que imparten centros concertados de la Dirección General de Tráfico (DGT). «Es como si se permitiera seguir jugando a un jugador de fútbol al que le han sacado roja», añade.
Los patinetes, fuera de las aceras
La reforma aprobada este jueves también prohíbe la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como patinetes, por aceras o zonas peatonales. Además, deberán cumplir normas similares a las del resto de vehículos, aunque no podrán circular por autopistas, autovías o vías interurbanas. Tendrán que disponer de un certificado de circulación que acredite que cumplen con los requisitos técnicos que debe aprobar la DGT y su velocidad máxima será de 25 kilómetros por hora. La obligatoriedad de que los conductores lleven cascos dependerá de ayuntamientos o diputaciones provinciales.
Para Arnaldo es una «oportunidad perdida» de obligar a estos vehículos, que en los últimos meses han vivido un ‘boom’, a matricularse, un extremo que también deberían cumplir las bicicletas, según su opinión. Esta matriculación abriría la puerta, cuenta, a que a los usuarios se les pudiera exigir un seguro obligatorio y se permitiera una identificación más veloz en caso de suceso. Esta última circunstancia ya la planteó, aunque no en los mismos términos, el fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. “La circulación sin seguro es también reveladora de una grave irresponsabilidad”, aseguró en una rueda de prensa que tuvo lugar antes de verano.
Da la casualidad que fue el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien planteó la obligatoriedad en 2018. Tras una reunión con asociaciones de víctimas, explicó que su cartera se planteaba entonces una legislación para regular «a los nuevos victimarios» -los conductores de estos vehículos- con la prioridad de que entrasen dentro de la cobertura de los seguros de movilidad, sin haberse concretado aún, tres años después.
