La Justicia absuelve a Cifuentes por falta de pruebas en el caso Máster

La Fiscalía pedía tres años de cárcel para la expresidenta por supuestamente inducir a falsificar el acta de su TFM.

Cristina Cifuentes queda libre y no tendrá que pisar la cárcel. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Madrid, que ha optado por absolver a la expresidenta de la Comunidad de Madrid en el caso Máster por falta de pruebas que concluyesen que la ahora tertuliana indujo a la falsificación del acta de presentación de su Trabajo de Fin de Máster (TFM), como defendía la Fiscalía, quien pedía tres años y tres meses de cárcel para la acusada. María Teresa Feito, exasesora de Educación del Gobierno de Cifuentes, sí es condenada por dicho delito a tres años de prisión. Una condena similar se impone para Cecilia Rosado, la profesora que admitió haber falsificado el acta, aunque la pena es menor (un año y medio) por haber colaborado con la Justicia.



«La Sección Quince de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes del delito de inducir la falsificación de documento público del que le acusaba el Ministerio Fiscal y por el que le pedía una pena de tres años y tres meses de cárcel», reza el avance del fallo que ha dado a conocer la Audiencia este lunes

La expresidenta llegó a reconocer en sede judicial que no tuvo contacto con los profesores de su máster y que no presentó el TFM (defendió que hizo otros trabajos, pero ninguno de ellos ha aparecido). Sin embargo, el juicio finalizó y ningún testigo ni acusado le señaló directamente por haber presionado a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para falsificar el acta que ella misma enseñó en un vídeo el día que se destapó el escándalo para defenderse de las acusacionesEsto le vale al tribunal para absolverla. Así, el único precio del caso Máster para ella será haber dejado la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2018, al igual que la del PP regional, que todavía continúa con la gestora que la sustituyó entonces.

En la sentencia, los jueces dan por probado que el desarrollo del curso del máster «está plagado de irregularidades». Entre ellas, la modificación de la nota de una de las asignatura de Cifuentes. Pese a que ni hizo examen ni fue a clase, se le cambió en 2014 (dos años después de haber realizado el máster) de un ‘no presentado’ a un notable. Además, sobre la expresidenta dice el fallo que reveló «incongruencias  incompatibles con la actuación regular de postgrado». «Nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor, hacía trabajos que entregaba a [Enrique] Álvarez Conde [otro de los acusados ahora fallecido] y entregó el TFM de manera informal», queda reflejado.

Sin embargo, todo ello no es suficiente para condenarla porque no se la juzgaba por eso sino por la falsificación de un documento público: el acta que probaba que presentó su TFM. Y para ello, dice el tribunal, faltan pruebas. Señalan los magistrados que eso se hizo en una reunión que tuvo lugar en la universidad el 21 de marzo de 2018, cuando eldiario.es destapa la polémica y que allí, quien tuvo un papel «activo» fue Feito, exasesora de Educación del Gobierno de Cifuentes, sin poderse demostrar que actuase en nombre de Cifuentes.

«Sobre la participación de Cifuentes no ha resultado probada ninguna intervención de la citada: ni Rosado ni Feito han señalado haber mantenido contacto alguno con ella«, así como tampoco los intervinientes en la reunión donde se confeccionó el acta. Continúa el tribunal diciendo que, «sin obviar el interés» de Cifuentes «en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación».

En este sentido, el tribunal se hace eco de las acusaciones de la Fiscalía para, a continuación, desecharlas. La fiscal señaló que Cifuentes «no se manchó las manos» y que las presiones vinieron de su «entorno». Sin embargo, el tribunal asegura que «las sospechas legítimas que pudieran existir no se han convertido en prueba suficiente» porque, dice, «se han de rechazar alusiones genéricas que atribuyen la condición de sujeto activo del delito a un colectivo difuso e indeterminado» como es el «entorno» de la expresidenta.

Sobre el papel de Feito, queda acreditado que tuvo una participación activa «no solo por el testimonio del rector, sino por los hechos admitidos por esta, como son que casualmente pasó a saludar al rector alrededor de las 9:30 horas y permaneció unas 4 horas» el día en el que saltó el escándalo. Fue ella, además, quien señaló la fecha exacta de la defensa del TFM. «Su participación queda probada por la actuación relevante tanto en la necesidad de crear el acta a sabiendas de que esta no existía como en la presión ejercida sobre Cecilia Rosado, a quien llamó hasta 15 veces en una tarde», expone la sentencia.

En cuanto al papel de Rosado, a quien se le impone una pena de prisión de un año y seis meses con el atenuante que supone reconocer haber confeccionado el acta, el tribunal acepta la versión de la propia profesora, que se escudó en las presiones recibidas.

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