La consejera de Fomento insiste en que la normativa andaluza «no genera» un conflicto de competencias como plantea el Gobierno central de Pedro Sánchez, publica Diario Sur.
Los propietarios de las alrededor de 300.000 viviendas irregulares que se calcula que hay en la comunidad andaluza, de las que 50.000 están en la provincia y 20.000 de ellas en la Axarquía, siguen sin tenerlas todas consigo sobre el futuro de sus inmuebles. A pesar de los decretos regionales para regularizarlas, con la figura del Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), el Gobierno central ha planteado un conflicto de competencias a raíz de la última norma aprobada por el gobierno regional bipartito, de PP y Cs.
Ante la inquietud generada, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha mantenido este miércoles una reunión en Sevilla con asociaciones de afectados por esta problemática, en la que reivindicó la «seguridad jurídica» del decreto ley que entró en vigor el 26 de septiembre y que tiene como objetivo resolver una situación que padecen más de 300.000 familias.
Carazo lanzó este mensaje de tranquilidad tras «el jarro de agua fría» que ha supuesto para estos vecinos la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de presentar un conflicto de competencias por una posible afectación del decreto ley a la Ley de Costas. «El contenido del decreto cuenta con todos los informes jurídicos favorables, ha sido revisado por el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía y, en ningún caso invade ninguna ley estatal, estamos convencidos», dijo.
Además, la consejera recordó que el decreto ley sigue vigente pese al requerimiento de la Administración central, a la que ha emplazado a que celebre un encuentro bilateral «a la mayor brevedad posible» para aclarar las dudas que tengan. «El hecho de que hayamos tenido un Gobierno en funciones hasta mediados de enero ha impedido que se haya convocado esta reunión, en la que remarcaremos que el decreto no interfiere en la zona de dominio público», afirmó la consejera, que estuvo acompañada por María del Carmen Compagni, directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
La reunión, que tuvo lugar en la sede de la Consejería, contó con la presencia de representantes de la Asociación Abusos Urbanísticos Andalucía-No (AUAN), de SOHA, de Pavip de Vejer de la Frontera (Cádiz), de las urbanizaciones de Carmona y de la Federación Extrarradio y la Asociación Chifra de Chiclana. La consejera les recordó el compromiso del Gobierno andaluz, que «desde el primer minuto ha buscado fórmulas que pusiesen freno a una situación insostenible para miles de familias andaluzas que se encontraban en un limbo jurídico», manifestó.
«No es una amnistía»
«La solución, que no es una amnistía, pero sí da respuesta a muchas de las demandas de los afectados», manifestó Marifrán Carazo, ha llegado a través de este decreto ley que fue convalidado en el Parlamento de Andalucía con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos (PSOE, PP, Ciudadanos y Vox).
El decreto pone el acento en la protección ambiental y la simplificación de procesos. El objetivo principal es mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares. Para su regularización se impondrán medidas destinadas a corregir los efectos del crecimiento desordenado e indiscriminado que provoca la sobreexplotación de recursos como el agua y el suelo.
«Las razones políticas pesan más que los argumentos técnicos», afirman desde SOHA
El primer pilar del decreto ley es la ampliación de la declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO). Esta figura no supone una legalización sino el reconocimiento de una situación de irregularidad ante la que, al prescribir la infracción, no cabe adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad.
Desde SOHA valoraron «positivamente» la reunión. Sobre el conflicto de competencias planteado por el Ejecutivo central, desde la asociación de la Axarquía dijeron: «Nos induce a pensar que las razones políticas pesan más que los argumentos técnicos o jurídicos, y lo que está causando es que se retrase la redacción de la nueva Ley Urbanística de Andalucía, que afecta a todos los andaluces».
