Destina más de 20 millones a 310 plazas entre Antequera, Alhaurín El Grande, Vélez Málaga y Alhaurín de la Torre y un centro más en la comarca del Valle del Guadalhorce.
El Gobierno andaluz ha aprobado destinar 20,4 millones de euros a la contratación de 301 plazas residenciales en Málaga para la protección de menores en situación de vulnerabilidad. Estas plazas comprenden diferentes tipos de programas o modalidades a desarrollar en los centros residenciales en los que se acojan los menores, como son acogimiento residencial básico, acogida inmediata, adaptado para discapacidad, y conflicto social.
Así, mediante este acuerdo, la Junta de Andalucía continúa con el proceso de actualización, adaptación y homogeneización en la prestación de acogimiento residencial a menores mediante la figura del concierto social y con una nueva modalidad de contrato administrativo que mejora el control público, la transparencia y la calidad del servicio.
Las 301 plazas se distribuyen en ocho zonas de la provincia de Málaga y están divididas en 25 lotes. En relación con el programa de atención residencial básica se distribuyen 169 plazas para Málaga capital, 25 para Alhaurín de la Torre, 20 para Ronda, 12 para Alhaurín el Grande, 15 plazas para Antequera, ocho para Fuengirola y siete para Vélez-Málaga.
En cuanto al programa de menores con discapacidad, nueve plazas se distribuirán a Málaga capital mientras que en lo relativo a menores en conflicto social, ocho puestos estarán en el Valle del Guadalhorce. Por último, las plazas de acogida inmediata se repartirán en Málaga capital (18) y Antequera (10). El plazo de ejecución es de dos años, prorrogable hasta un máximo de 24 meses.
Con esta nueva modalidad de gestión de centros a través del concierto social se configura el instrumento por medio del cual se produce la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de entidades, cuya financiación, acceso y control sean públicos y en el que se le dará prioridad a las entidades de iniciativa social que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley de Servicios Sociales.
A través del concierto social, y debido a las obligatorias cláusulas sociales, la Administración andaluza impulsa las oportunidades en el empleo, el trabajo digno, el cumplimiento de los derechos sociales y laborales establecidos en la normativa y en los convenios colectivos, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y de género, la accesibilidad universal y diseño para todas las personas, la responsabilidad social de las entidades concertantes y el respeto al medio ambiente y al ciclo de vida.
El concierto social va a servir para dotar de mayor calidad, estabilidad y continuidad al conjunto de servicios sociales que se prestan por parte de las entidades, de modo que se reconoce el papel esencial de las entidades de la iniciativa social en la prestación de los servicios sociales, de acuerdo con el carácter prioritario que le otorga la Ley.
La red de centros de protección de Andalucía presta el servicio de acogimiento residencial de menores que se encuentran bajo atención inmediata, guarda o tutela de la Junta de Andalucía y responde a un modelo de atención donde prevalece el interés superior de la persona menor, que presidirá todas las actuaciones y decisiones que se adopten en relación a su vida y convivencia en el centro.
Asimismo, han explicado, se garantiza la calidad técnica y la calidez de la atención y actuación profesional y disponen de una dinámica de funcionamiento basada en el modelo de convivencia de la familia, donde se garantice el cumplimiento de sus derechos, la satisfacción de las necesidades infantiles y su pleno desarrollo personal.
También ofrecen una respuesta adaptada a los cambios sociales que determinan una diversidad de procedencias culturales de los menores acogidos y un importante porcentaje de jóvenes próximos a la mayoría de edad, que requieren el establecimiento de acciones destinadas a su incorporación a la vida independiente y su inserción social y familiar.
