Los servicios sociales municipales recibirán 281.910 euros que vendrá a paliar la grave situación de vulnerabilidad de muchas familias del municipio.
La orden ministerial según la cual a Vélez-Málaga le corresponden 281.910€ del total de cerca de 30 millones de la aportación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como Fondo Social Extraordinario 29.053.998,60€ entre los municipios mayores de 20.000 habitantes y las diputaciones, da un respiro a las administraciones locales que reciben un aluvión de peticiones de ayudas de los ciudadanos.
Para Domingo Poyato, coordinador de Izquierda Unida en Vélez-Málaga, “esta situación desborda a cualquier administración” y afirma que “es prioritaria la implantación urgente de una renta básica tal y como defiende Unidas Podemos, en el gobierno central.” También considera el coordinador local que la Junta de Andalucía debe agilizar la aportación de partidas complementarias a este escudo social, “no puede ser que la medida de emergencia que ha puesto en marcha el gobierno andaluz haya sido el decreto para la agilización de trámites administrativos que refuerza un modelo de desregulación económica y especulación urbanística”.
Por su parte, el coordinador provincial de IU y portavoz de Economía de Adelante en el Parlamento de Andalucía, Guzmán Ahumada, emplaza al gobierno andaluz a “que cumpla con su deber y sus competencias y complemente con medios económicos propios el Fondo Social Extraordinario aprobado por el Gobierno de España en favor de los ayuntamientos. Exigimos al gobierno andaluz que se implique aportando financiación y no se limite a hacer de correa de transmisión de las ayudas aprobadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030”.
Desde Izquierda Unida explican que este Fondo Social Extraordinario, que llega a las entidades locales en un pago único, está destinado a cuestiones tales como garantizar ingresos suficientes a las familias en situación de vulnerabilidad, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, así como ayudas de emergencia social; reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla; reforzar los servicios de ayuda a domicilio, así como la adquisición de medios de prevención tanto para personas usuarias como para trabajadoras y reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debidamente protegidas.
Ahumada también reitera la realidad de que “es el Gobierno de España quien está marcando el camino a seguir, promulgando medidas para crear un escudo social, para que nadie se quede atrás, y, por desgracia, seguimos esperando que la Junta tome este camino y se implique en las cuestiones sociales, más cuando algunas de ellas ni siquiera requieren desembolso económico, bastaría con una mayor voluntad política”.
