La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante la utilización de contratos de trabajo falsos, cobrando entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente tramitado. La operación, denominada ‘Lutasanol’, se ha centrado principalmente en la provincia de Almería, aunque la red extendía su actividad a otros puntos del territorio nacional, incluida Málaga.
Como resultado de la investigación, los agentes han detenido al supuesto principal captador de la trama e investigan a otras tres personas: dos administradores de una empresa presuntamente utilizada para desarrollar la actividad ilícita y un gestor laboral que colaboraba con la organización.
Según ha informado la Guardia Civil, la red captaba a ciudadanos extranjeros interesados en obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España. Para ello, les ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes con el objetivo de presentar documentación aparentemente legal ante la Administración.
La investigación, iniciada el pasado año, ha permitido constatar que la organización realizaba altas de trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara dichas contrataciones. Estas prácticas habrían generado un fraude superior a los 100.000 euros, facilitando además la posible obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.
Registro e intervención de documentación
Durante el operativo, los agentes llevaron a cabo un registro en el establecimiento que funcionaba como centro de operaciones de la trama. En el lugar intervinieron abundante documentación relacionada con la actividad investigada, entre la que se encontraban copias de documentos de identidad, nóminas presuntamente fraudulentas, anotaciones manuscritas vinculadas a la actividad delictiva y dinero en efectivo procedente, supuestamente, de los pagos efectuados por las víctimas.
La organización actuaba principalmente en Almería, aunque también captaba ciudadanos extranjeros en Murcia y en diversos puntos de las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga.
Una estructura organizada y repartida por varias provincias
De acuerdo con la información facilitada por el Instituto Armado, la estructura criminal contaba con funciones claramente definidas entre sus integrantes, incluyendo captadores, responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de aportar una apariencia de legalidad a toda la operativa.
«Se trataba de una activa red criminal interprovincial que habría facilitado ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización, obteniendo beneficio económico mediante la explotación de la necesidad de ciudadanos extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España», han señalado desde la Guardia Civil.
En el marco de la operación, además del detenido, se investiga a los administradores de la mercantil implicada, localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, así como a un gestor laboral y contable con despacho profesional en Almería.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y el Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido, bajo la dirección del Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza número 5 de El Ejido (Almería).
