Exalcalde Vélez investigado defiende legalidad de obras para conectar pozos

El exalcalde de Vélez-Málaga Francisco Delgado Bonilla (PP) ha defendido hoy la legalidad de las obras que ordenó en 2015 para la conexión de agua sin potabilizar procedente de pozos a la red de suministro, una actuación que está siendo investigada por un juzgado del municipio.

Delgado Bonilla, que ha declarado como investigado por un presunto contra la administración pública en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, ha explicado a Efe que si el Ayuntamiento hubiese aportado toda la documentación relativa a este asunto, éste habría sido archivado “hace tiempo”.

En este sentido, el exrregidor y actual portavoz del PP en el Consistorio ha presentado sendos informes elaborados por los técnicos municipales que “avalan las obras ejecutadas”.

“Aquí lo que se está cuestionando es que esos trabajos fueron acometidos mediante encomienda del Ayuntamiento a la empresa adjudicataria del servicio, Aqualia, y esos informes de los técnicos corroboran que sí podía hacerse a través de ese procedimiento”, ha argumentado.

Delgado Bonilla ha recordado que los pozos del Molino de las Monjas, que se han conectado a la red general, han sido históricamente los que han abastecido de agua potable al municipio, mediante el cumplimiento en cada momento de la normativa que era preceptiva.

Ha afirmado que lo único que hizo fue adelantarse a un futuro incierto con respecto al suministro de agua y dotar a la localidad de recursos propios en casos de avería o restricciones.

Asimismo, ha recordado que las obras de conexión, autorizadas por una comisión técnica, contaron también con informes favorables de la Junta de Andalucía y el distrito sanitario, y fueron certificadas y abonadas durante el mandato del actual alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE).

Delgado Bonilla ha atribuido esta causa a una “venganza personal” contra él por parte del alcalde y el grupo municipal de IU.

La Fiscalía incoó en enero de 2016 diligencias de investigación penal, a raíz de la denuncia presentada por IU, que alertó de que el agua incorporada a la red no estaba potabilizada y que los trabajos se realizaron por decreto de Delgado Bonilla, “sin ningún procedimiento que se ajuste a la ley”.

El 9 de junio de 2015, el entonces alcalde en funciones dictó una resolución para incorporar a la red de suministro de la ciudad el agua de los pozos del Molino de las Monjas, mediante una actuación que ejecutó la empresa concesionaria, Aqualia.

La denuncia presentada por IU, además de cuestionar la calidad del suministro de agua por no ser tratada en la planta potabilizadora y que el ahorro que esa medida suponía para la empresa no se trasladaba a los vecinos, apuntaba a presuntas irregularidades en la contratación de las obras, presupuestadas en más de un millón de euros.

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