El PSOE de Torrox quiere saber los términos del acuerdo con el recaudador

Denuncia que se ha hecho entrega de 3,5 millones de euros sin que exista mandato judicial.

Según publica Málaga Hoy, al PSOE de Torrox no le convence la forma en la que el equipo de gobierno ha zanjado el caso Barragán. Tampoco el precio que ha tenido que pagar el Ayuntamiento axárquico para liquidar la deuda que tenía pendiente con el antiguo recaudador desde hace 30 años por despido irregular. Ésta se ha cerrado en 3,5 millones de euros que este viernes el alcalde Óscar Medina (PP) anunció que transfería a la cuenta del ex empleado municipal.



“En este asunto hay muchas preguntas sin respuesta y mucho dinero del pueblo de Torrox que ha acabado en el bolsillo de una persona que tenía un procedimiento judicial con el Ayuntamiento”, denunció la portavoz socialista, Mari Nieves Ramírez, quien aseguró que “el Partido Popular se niega a entregar la documentación que pide la oposición y se limita a hablar del pasado. ¿Qué están escondiendo?”, se preguntó la edil socialista, quien afirmó que “no existe mandato judicial que lo ordene”.

“No sabemos quién lo manda y quién es el beneficiado de este trato que se cerró no se sabe dónde y no se sabe con quién”, insistió Ramírez, para quien el Partido Popular desde su llegada al gobierno ha llevado el asunto con “un hermetismo absoluto sin dar explicaciones al resto de la Corporación”.

Según el grupo socialista, la defensa contratada por el Ayuntamiento para este proceso con la información aportada por el que era Interventor municipal iba a reclamar a Antonio Barragán la devolución de parte de la indemnización recibida en los años 90 “puesto que se le había liquidado más de lo que le correspondía”. “Por eso no entendemos ahora que se llegue a un acuerdo que le cuesta a las arcas municipales otros 3,5 millones de euros”, agregó.

La edil socialista lamentó que “el alcalde quiera justificar el acuerdo en el ahorro de 7 millones de euros usando como referencia los 12 millones que supuestamente pedía la parte demandante”. ¿Qué defensa de los intereses del Ayuntamiento y de sus vecinos hace un alcalde y un partido que se limitan a pagar a una personas con la que se mantiene un litigio de casi 30 años lo que está pidiendo sin más”, volvió a preguntarse Ramírez.

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