El PP de Vélez propone encargar la ejecución de obras públicas a empresas del municipio para dinamizar la economía local

La propuesta incluye la creación de un registro donde figuren las compañías locales y adjudicarles diversos trabajos de mejora en infraestructuras.

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha presentado una serie de mociones para su debate y aprobación en el próximo pleno, buena parte de las cuales persiguen poner en marcha iniciativas que alivien la delicada situación económica que sufren familias, comercios y empresas del municipio debido a la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus.



Entre las mociones presentadas, según ha explicado el viceportavoz municipal ‘popular’, Luis García, se encuentra la propuesta para crear un plan de dinamización en materia de obra pública que permita aliviar la situación de las empresas locales encargándoles diversas obras de mejora en infraestructuras del término municipal.

Según ha detallado, la idea es crear un registro donde figuren las empresas locales y que a través de él se adjudiquen las obras que se quieran acometer en diferentes infraestructuras y equipamientos públicos, “de modo que logremos reactivar la actividad de estas empresas y, por consiguiente, el empleo en el municipio”.

Ayudas al alquiler y al IBI

Además de esta propuesta, el PP plantea en otra moción la creación por parte del Ayuntamiento de una línea de ayudas de emergencia a las empresas y autónomos del municipio para el pago del alquiler de sus locales, contribuyendo de este modo a atenuar los perjuicios económicos derivados de la crisis sanitaria.

Según ha detallado Luis García, la propuesta incluye unas bases reguladoras que ha elaborado el grupo ‘popular’ y prevé la dotación por parte municipal de una partida de dos millones de euros para sufragar dichas ayudas.

Otra de las mociones que se llevan a pleno incide también en la economía de las familias del municipio, pues persigue que se articule una solución al grave golpe para los bolsillos de los ciudadanos de Vélez Málaga que supone la pérdida de las ayudas que se venían concediendo al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

“Por décima vez llevamos al pleno una moción para que se elaboren, con carácter urgente, unas nuevas ayudas en relación con el pago de este impuesto para evitar el incremento de los recibos en 2020”, ha indicado el concejal, que ha lamentado que el aumento de la carga impositiva “está siendo especialmente dañino con los últimos acontecimientos provocados por la crisis económica derivada de la pandemia”.

Por ello, ha dejado claro que el PP seguirá llevando la moción al pleno “hasta que se apruebe y nuestros vecinos vean mejorada su fiscalidad y aliviada su situación económica, máxime en unos tiempos en los que tantas dificultades están sufriendo muchas familias”.

Mercado de San Francisco

Otra de las mociones del PP solicita la creación de una comisión especial de pleno donde se aborde la situación del antiguo Mercado de San Francisco y la realización de una auditoría sobre la gestión de este espacio y los contratos vinculados con él suscritos desde 2015.

La moción, que se presentó inicialmente en marzo, pero fue retirada a raíz del inicio de la crisis sanitaria, persigue que se aclare “qué ha pasado con este espacio”, que justo antes del inicio de la pandemia vio como Endesa cortó el suministro eléctrico a los pocos adjudicatarios que allí quedan por presunto fraude en la contratación.

“Estaban, como se dice comúnmente, enganchados de manera ilegal a la red eléctrica desde el año 2018, desde su inauguración. Casi dos años funcionando de manera ilegal y fraudulenta, por lo que queremos saber qué ha pasado, qué pasa con los puestos vacíos, cómo se ha contratado el equipamiento y qué servicios se prestan a los adjudicatarios, entre otras cuestiones”, ha señalado el edil.

Ingreso mínimo vital

Por último, el PP también ha presentado una moción para que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a proporcionar información detallada a las entidades locales y a las Comunidades Autónomas sobre el ingreso mínimo vital y a garantizar que las administraciones públicas que asuman su gestión cuenten con recursos suficientes para ello.

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