Lo hace a instancias de la Junta, según afirma la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera.
El Gobierno central ya actúa como interlocutor, a través de la sociedad estatal Acuamed, con las comunidades de regantes en el proyecto de desaladora para la Axarquía. Lo hace a instancias de la Junta de Andalucía, según ha afirmado en Málaga la vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. De cualquier forma, el ministerio sigue a la espera de contar desde el Gobierno andaluz con los terrenos concretos y un proyecto que se asumió como de interés general del Estado. Entre otras cuestiones, Ribera ha asegurado que, es necesario estudiar «cuál es la petición que nos llega desde la Junta, si es para riego o abastecimiento humano«, en relación a los futuros usos que podría tener la desaladora cuya instalación está prevista en Vélez-Málaga.
De cualquier forma, ya el pasado mes de febrero se hacía público que Gobierno central y Junta de Andalucía fijaban «en 2027 o 2028» la puesta en funcionamiento de la anunciada desaladora de la Axarquía presupuestada inicialmente en 100 millones de euros. Así se desprendía del encuentro que mantuvieron al respecto en el Palacio de San Telmo de Sevilla el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Mientras tanto, y paralelamente, el Gobierno andaluz sigue apostando por dos desaladoras en la Axarquía. Se trataría de una privada, a la que optan Acciona y Magtel, y otra financiada por el Ejecutivo central. Fue la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en una reciente visita a la comarca la que aseguró que «no se puede descartar ningún recurso».
Con respecto a la posibilidad de traer barcos con agua desalada para la Axarquía, Ribera ha asegurado que se trabaja «en poner a disposición de la Junta de Andalucía» esos recursos. Según ha manifestado, «nosotros asumimos el coste de la desalación y el coste del transporte«. No obstante, la ministra ha apostillado que «corresponde a la Junta identificar esos barcos», así como el modo de descarga para la «integración en los sistemas de abastecimiento«. Todo, según la vicepresidenta tercera, «se está siguiendo de cerca con los equipos técnicos de Gobierno y Junta», añadiendo que «hay que estar preparados».
