De esa cantidad, la Diputación Provincial recibe una asignación de 4,41 millones para paliar los desperfectos en la red viaria. La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha resaltado “el esfuerzo” para resolver estas solicitudes de subvención, que fueron convocadas el pasado septiembre
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, de fecha 12 de diciembre, por la que se asignan subvenciones por daños en infraestructuras municipales y en la red viaria que causaron las inundaciones que azotaron varias provincias españolas en octubre de 2018, una cuantía que en el caso de la provincia de Málaga asciende a 5,46 millones de euros.
Las subvenciones ahora concedidas fueron convocadas por la citada secretaría de Estado, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el pasado 10 de septiembre en una resolución que se publicó en el BOE el día 21 del mismo mes. Esta convocatoria de ayudas es consecuencia del acuerdo del Consejo de Ministros que declaró la provincia de Málaga, entre otras, como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (antigua zona catastrófica) tras las inundaciones de finales de octubre de 2018.
De los 5,46 millones de euros asignados a la provincia de Málaga, 4,41 millones son concedidos a la Diputación Provincial para los daños producidos en la red viaria y el Ayuntamiento de Campillos recibe una subvención total de 348.455 euros para reparar infraestructuras municipales. El resto de Ayuntamientos beneficiados son el de Cañete la Real, Cortes de la Frontera, Alameda, Cartajima, Almargen, Ardales, El Burgo y Alozaina, municipio para el que han sido asignados 421.124 euros.
La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha resaltado “el esfuerzo” para resolver este procedimiento de obtención de subvenciones para infraestructuras y red viaria, que fueron convocadas hace tres meses, y ha subrayado “el interés” del Ejecutivo de España para “culminar lo antes posible la concesión de ayudas a los municipios afectados por las inundaciones”. “Es nuestra obligación; la Administración tiene que garantizar que se cumplen los procedimientos a rajatabla porque se trata de dinero público, pero debemos ser lo más resolutivos posible”, ha concluido Gámez.
