En la operación Llama, los agentes han arrestado a 28 extranjeros y seis españoles, por delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento a la inmigración ilegal y falsedad documental
Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la Operación Llama han desarticulado una trama dedicada a favorecer la inmigración ilegal en Málaga. En el operativo han sido detenidas 34 personas por su presunta implicación en los delitos de falsedad documental, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. Los arrestos se han llevado a cabo en las localidades de Málaga (18 personas), Melilla (15) y una en Manacor (Menorca).
La investigación se inició a raíz de varias informaciones que apuntaban a la existencia de un grupo de personas que se estarían dedicando de forma fraudulenta a regularizar la situación de ciudadanos extranjeros en nuestro país.
La red estaba perfectamente estructurada en tres niveles cada uno de ellos con su reparto de tareas y roles dentro de la organización. El primero de ellos estaba formado por un ciudadano español y uno marroquí que regentaban un negocio que utilizaban como centro de operaciones donde se confeccionaban contratos de arrendamiento falsos entre otros documentos. El segundo nivel estaba formado por las personas que trataban directamente con los principales investigados y se encargaban de figurar como arrendatarios o arrendadores de las viviendas a cambio de una cantidad económica. Y por último estarían los extranjeros que utilizarían estos contratos falsos para solicitar permisos de residencia y así poder regular su situación administrativa en España, pagando por dichos contratos entre 300 y 900 euros.
Esta operación finalizó con la desarticulación de una red criminal y la detención de 34 personas por su presunta implicación en los delitos de falsedad documental, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.
Este tipo de hecho delictivo permite solicitar la anulación de la totalidad de las autorizaciones de residencia obtenidas de forma fraudulenta con la finalidad de proceder según el caso a la expulsión de los residentes en España así como impedir la entrada de estos fuera de nuestras fronteras.
