Se les acusa de haber cobrado mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras en suelo público.
La UCO ha detenido a primera hora de este jueves al actual subdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio, y al exvicealcalde de la ciudad y exmano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau. Según publica La Vanguardia, se les acusa de haber cobrado mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras en suelo público.
Esta es la segunda operación policial del conocido como caso Azud. En él figura como principal investigado el cuñado de la que fuera alcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín. Entre los arrestados se encuentran igualmente el empresario Jaume Febrer y otras diez personas.
Según las investigaciones de la Guardia Civil, el que fuera vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, habría cobrado más de un millón de euros en comisiones, mientras que Rafael Rubio, que fue concejal y portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, recibió cerca de medio millón.
La Operación Azud es una causa, declarada secreta en su día, abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y Tráfico de Influencias.
En un comunicado, la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, ha decidido «cesar de manera inmediata» a Rafa Rubio de sus funciones como subdelegado del Gobierno.
Asimismo, nada más tener conocimiento de la noticia, su partido -el PSPV– ha decidido suspender a Rubio de militancia y abrirle expediente.
En esta causa el principal investigado es el cuñado de la exalcaldesa de Valencia, José María Corbín, quien ya fue detenido en abril de 2019 y a quien la UCO atribuye un papel de mediador y comisionista, si bien también figuran como investigados la mujer de este y hermana de la exalcaldesa, Asunción Barberá, y sus tres hijas.
La causa, que está declarada secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se seguía inicialmente contra otros diez investigados -esta cifra podría duplicarse tras la operación de este jueves-, entre ellos empresarios de la construcción ya procesados y condenados en otros asuntos de corrupción.
Entre las últimas actuaciones como abogado de Corbín está la defensa de la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia Mari Carmen García-Fuster, procesada en el marco de la investigación del caso Imelsa por blanqueo de capitales y delito electoral.
Esta misma causa judicial, Imelsa, aunque en otra pieza diferente, afecta Rafael Rubio, que también fue portavoz socialista en la Diputación de Valencia entre 2007 y 2011.
Rubio, que ya sido destituido esta misma mañana como subdelegado del Gobierno en Valencia, consta como procesado en este asunto por su supuesta participación en la contratación irregular de personal (conocidos como trabajadores zombis), si bien ha recurrido recientemente dicho procesamiento a través de su abogado, Virgilio Latorre.
