La Policía Nacional ha detenido en Málaga a cuatro trabajadores de una residencia de discapacitados de la capital por malos tratos en el ámbito doméstico debido al trato dado a los internos.
La investigación se iniciaba, según ha confirmado la Policía Nacional, a raíz de la denuncia de la directora del propio centro, quien apreció conductas que podían ser delito en uno de los empleados.
Aunque en un primer momento fue detenido este trabajador, tras continuar con las indagaciones fueron arrestadas tres personas más el pasado jueves, han explicado las mismas fuentes, especificando que se trata de tres hombres y una mujer.
Serían seis usuarios del centro los que habrían sido víctimas de agresiones o de un trato degradante por parte de estos empleados.
Por su parte, los cuatro arrestados, junto al atestado instruido, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 en funciones de guardia.
La asociación titular de la residencia de discapacitados de Málaga ha emitido un comunicado señalando que van a colaborar «activamente» para que «nunca más se puedan producir hechos similares».
Asimismo, han subrayado que en cuanto supieron de «las posibles conductas de los turnos de noche constitutivas de un presunto delito» y «aconsejados por profesionales externos» contratados para comprobar «las evidencias», presentaron la denuncia pertinente.
La contratación de dichos profesionales se llevó a cabo, según han detallado, debido al «deseo de mejorar la calidad de los servicios» que prestan así como de estar atentos «a las señales y evidencias que puedan existir en relación con dicha calidad».
Así, «en un control del desempeño laboral de los trabajadores de los turnos de noche del centro se detectaron incumplimientos en su labor» y, además, «se comprobaron posibles conductas por parte de dichos empleados constitutivas de presunto delito».
En este punto, han asegurado que «por iniciativa propia y aconsejados por estos profesionales» pusieron la denuncia -tal como avanza SUR– y desplegaron «un procedimiento de actuación que ha consistido en informar a los familiares de las personas de las que somos conocedoras que pueden ser víctimas».
Además, han informado a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales así como a la Diputación de Málaga, entidades públicas con los que la residencia tiene concertadas plazas para atender a las personas con discapacidad intelectual; y a los empleados de la asociación titular del centro.
De igual modo, han destacado que impidieron «inmediatamente» que los trabajadores implicados tuvieran contacto con las personas con discapacidad intelectual y, además, se han personado como acusación en el procedimiento que se ha abierto.
