Detenido en Torremolinos un danés reclamado en su país por delitos económicos

El arrestado era reclamado por la realización de 18 operaciones fraudulentas, falsificación de nóminas y diversos engaños, mientras ejercía como gestor de un concesionario de vehículos de segunda mano.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torremolinos a un hombre de 33 años y nacionalidad danesa sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega –OEDE-, dictada por las autoridades de su país, por delitos económicos y financieros. El reclamado habría ejercido como gestor de un concesionario de compraventa de vehículos de segunda mano en Dinamarca, donde llevó a cabo entre otras prácticas, hasta 18 operaciones fraudulentas, falsificación de nóminas y modificación de cuentakilómetros. El fugitivo fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número CUATRO de la Audiencia Nacional.



En el marco de la cooperación internacional

El arresto de K.B.W.J., se produjo el pasado día 5 de octubre en la localidad de Torremolinos, cuando salía de su domicilio. De manera previa, los agentes recibieron información sobre una requisitoria europea en vigor, sobre un ciudadano danés por delitos económicos y financieros.

El investigado habría trabajado como gestor de un concesionario de vehículos de alta gama, sito en Dinamarca, y contaba con una influencia decisiva en la empresa, con el fin de obtener beneficios ilícitos para él y la propia mercantil.

Así entre los años 2015 y 2019 realizó hasta 18 operaciones fraudulentas de venta de vehículos. Igualmente, tal y como consta en la orden de búsqueda y detención, llegó a falsificar nóminas y modificar los cuentakilómetros de muchos de los automóviles que gestionaba para la venta -obteniendo por ellos un precio mucho más elevado del que les correspondían-.

La requisitoria fue dictada por las autoridades judiciales danesas, concretamente, por la Corte en Hjorring, el 2 de septiembre de 2021 habiendo sido condenado por delitos económicos y financieros, constando para dichas infracciones una pena máxima de ocho años de prisión.

El arrestado y el atestado policial instruido fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional.

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