Creadas en Almáchar 22 plazas nuevas de atención residencial para mayores

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación va a crear en 2020 en la provincia de Málaga un total de 62 plazas nuevas de atención residencial para personas mayores, además de Almáchar, estarán ubicadas en Archidona y Faraján. Adeemás, el Gobierno de Andalucía aprueba una partida de 1,7 millones de euros para contratos de Servicios Sociales Comunitarios en la provincia de Málaga.

La delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas sociales y Conciliación, Mercedes García Paine, ha firmado esta mañana sendos convenios con la vicepresidenta cuarta y diputada provincial de Ciudadanía y Atención al Despoblamiento del Territorio, Natacha Rivas; los alcaldes de Almáchar, Antonio Yuste, y Faraján, Fernando Fernández; y la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, que van a permitir la ampliación de la red de atención residencial para personas mayores en la provincia.



Estas nuevas plazas entrarán en servicio a partir de 2020 en el Centro Residencial para personas mayores de Almáchar, en el Centro Residencial San Carlos y la Residencia de asistidos para la tercera edad, ambos de Archidona, y en el Centro Residencial Valle del Genal de Faraján.
García Paine ha declarado que “de las 200 nuevas plazas que la Junta concierta en toda Andalucía, 22 corresponden a Almáchar, 31 a las dos residencias de Archidona y 9 a Faraján, con lo que suponen un importante porcentaje del total”.

La delegada ha afirmado también que “uno de los objetivos del primer Plan Integral para Personas Mayores de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, que estará vigente entre 2020 y 2023, es precisamente orientar las políticas públicas para promover el bienestar de nuestros mayores y proporcionarles una atención adecuada, como la que van a recibir en estos establecimientos”.

Además, el Gobierno de Andalucía ha aprobado destinar casi 10,3 millones de euros (10.290.871 euros) a las diputaciones y los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes para financiar, durante este año, el mantenimiento de los contratos de los trabajadores sociales de los Servicios Sociales Comunitarios que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia en la comunidad autónoma.

Así, la provincia de Málaga recibirá 1,7 millones de euros para estos servicios que se encargan de gestionar las prestaciones y proporcionar información y asesoramiento a los ciudadanos, con especial atención a colectivos como los de personas mayores y con discapacidad o inmigrantes. Su gestión compete a las entidades locales y la financiación corre a cargo de las administraciones local, autonómica y estatal.

El personal cuya contratación es financiada con cargo a este acuerdo contará con la titulación de asistente social o diplomatura en Trabajo Social. Se encargará de las tareas de gestión de solicitudes de inicio del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, así como de la elaboración del informe social y propuesta de Programa Individual de Atención, tanto en trámite inicial como de revisión.

La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación también ha destacado el establecimiento por el Consejo de Gobierno de una subida del 4% de los complementos a las pensiones asistenciales y no contributivas gracias a una partida de 21,1 millones de los Presupuestos para el año 2020.
“Este incremento es el mayor en la última década y se sitúa por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC), además de repercutir en las pensiones de de menor cuantía del sistema y de que sus beneficiarias son personas mayores o con discapacidad, en su mayoría mujeres, que carecen de otros ingresos para subsistir”, ha incidido García Paine.

Por un lado, se trata de las pensiones por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas y, por otro lado, las del Fondo de Asistencia Social y personas beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y esta subida del 4% repercutirá en 20.930 pensionistas en Málaga, de los que 602 son personas beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos.

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