El Ayuntamiento de Torrox transfiere al recaudador despedido hace 30 años los 3,5 millones pendientes y libera los grandes proyectos de futuro.

Una transferencia de 3,5 millones de euros. Esta es la gestión más importante que ha realizado este jueves, y probablemente en toda su etapa como gestor público, el alcalde de Torrox, Óscar Medina. El destinatario, Antonio Barragán. El recaudador municipal despedido hace 30 años de forma irregular y por la que este municipio de la comarca malagueña de la Axarquía de apenas 20.000 habitantes ha tenido que indemnizarle con un total de 4,7 millones de euros (los 1,2 millones restantes le fueron abonados al poco tiempo de ser despedido). La cuenta es simple. A cada vecino, el despido le ha supuesto una media de 235 euros hasta sumar los 21 mil euros mensuales que durante 18 años (el tiempo transcurrido desde que fue despedido hasta su jubilación) Barragán no prestó sus servicios al consistorio.



«Me ha costado firmar la orden», ha reconocido Medina. «La de cosas tan necesarias que se podían hacer con este dinero en creación de empleo, calidad de vida para nuestros vecinos o riqueza para Torrox y tener que desprenderse de 3,5 millones de euros por la ineptitud de algunos políticos no es fácil. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de más el 15% del presupuesto municipal y simplemente por la dejadez de quienes se suponen que administran el dinero de los ciudadanos», afirmó.

Un culebrón judicial inexplicable para el alcalde
El ‘culebrón’ judicial comenzó en el siglo pasado, concretamente el 2 de febrero de 1990. El pleno municipal, presidido entonces por el socialista Idelfonso Mateos, acusó al recaudador Antonio Barragán de abandono de sus funciones en las cuentas entre 1988 y 1989 y acordó prescindir de sus servicios incumpliendo una cláusula de preaviso de tres meses que estipulaba el contrato que les vinculaba.
«No solo la decisión de proceder al despedido sin el preaviso, sino todo el proceso judicial durante estos 30 años ha estado cargado de despropósitos que han dejado indefensos los intereses de los vecinos de Torrox. Ni como alcalde ni como abogado puedo entender las numerosas pifias que se han cometido», ha declarado el alcalde.

Actas notariales inexplicables, incomparecencias no justificadas en salas o autos incomprensiblemente no recurridos por el Ayuntamiento, son algunas de las «negligencias» que según Medina se han producido a lo largo del proceso durante el cual el recaudador llegó a pedir ser indemnizado por un montante total de más de 12 millones de euros.

El 10 de mayo de 1991, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia en favor del recaudador, obligando al Ayuntamiento a reponerlo en el puesto, así como a indemnizarle con la cantidad que había dejado de percibir desde que fue restituido. «De manera incomprensible», dice Medina, aunque el consistorio presentó apelación, la misma fue declarada desierta al no comparecer de forma correcta en la sala.

Tras varios recursos y apelaciones, en mayo de 1998 el Tribunal acordó fijar definitivamente como indemnización a favor de Barragán la suma de 1,2 millones de euros (198 millones de las pesetas de entonces), de los ejercicios comprendidos entre el año 1990 y 1997, a razón del 5% de premio de cobranza del total cobrado en periodo voluntario y un 10% en periodo ejecutivo de las cantidades recaudadas por el Patronato de Recaudación Provincial, institución que desde el despido venía realizando el servicio recaudatorio en el municipio.

Se inicia así un eterno procedimiento judicial en el que el Ayuntamiento, aún llegando a abonar 1,2 millones de indemnización e intereses, no daba cumplimento a la segunda parte de la sentencia: la reposición de Barragán en el puesto de trabajo.

Un mes después de la resolución, el Ayuntamiento de Torrox, y siendo entonces alcalde José Pérez, documentó con acta notarial la reposición en su cargo de Barragán, lo que el recaudador negó en todo momento.

Posteriormente, la defensa del Ayuntamiento optó por cambiar la estrategia con recursos de súplica y de casación, alegando la imposibilidad de readmitirlo por ser un servicio que ya venía prestando el Patronato de Recaudación Provincial. Pero los argumentos defendidos ahora por el consistorio no fueron atendidos por el Tribunal, que consideró que se trataba de una petición contradictoria con la petición previa de que se declarase al recaudador repuesto en el cargo en base al acta notarial presentado anteriormente y además la calificara de ‘extemporánea’.

Así, en octubre de 2016, Barragán presentó escrito en el que cifraba en diez millones de euros la cantidad que aún le quedaría pendiente de percibir, en total 12 millones de euros.

Acuerdo entre las partes
El Ayuntamiento, ya presidido por el popular Óscar Medina, presentó varios escritos de oposición alegando que, en todo caso, el periodo para calcular la indemnización debería finalizar en 2008, fecha en la que se jubiló el recaudador.

El escrito fue estimado parcialmente y se fijó la indemnización pendiente en 4.590.068 euros, correspondientes a los importes de las recaudaciones del periodo comprendido desde lo ya abonado en 1997 hasta el año de su jubilación en 2008.

Aunque Medina ha seguido manteniendo la batalla en los juzgados hasta el último momento, el Tribunal no ha admitido sus nuevos recursos y finalmente ambas partes acordaron el pasado mes de mayo un segundo y último pago de 3,5 millones de euros para zanjar el conflicto, que debía abonarse en un periodo máximo de seis meses, plazo que culminaba el próximo mes de noviembre.

«He defendido con uñas y dientes todo lo que he podido, para, al menos, hemos podido ahorrar 7 millones de euros de los que nos pedía y cerrar de una vez este sangrante capítulo de la historia negra de Torrox», sentenció Medina.

Un pago posible gracias a unas cuentas saneadas
Óscar Medina ha mostrado su agradecimiento a la concejala de Hacienda, Paula Moreno, por el trabajo realizado para poder hacer frente a esta sentencia: « Si no es por el rigor y la entrega de la delegada y su equipo, cerrar el caso Barragán no hubiera sido posible. Hubiéramos tenido que sacrificar servicios o las ayudas a los vecinos del Plan de Recuperación que hemos puesto en marcha para frenar la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. No hay que perder de vista que se trata de más de un 15% del presupuesto sin que hayamos faltado a nuestro compromiso de bajar los impuestos y desarrollando planes de empleo y supresión de tasas para que los autónomos y las empresas locales puedan hacer frente a la situación creada por la COVID-19”, aseguró y añadió: «El Ayuntamiento de Torrox, gracias al trabajo que se viene realizando de contención del gasto es de los que hoy por hoy puede presumir de haber conseguido ‘deuda cero’. Eso sí es ejemplo de administrar el dinero de los ciudadanos».

El pago libera los grandes proyectos de Torrox
El proceso judicial del conocido popularmente en Torrox como ‘el caso Barragán’ ha mantenido en jaque durante años las cuentas del consistorio al ser embargadas por orden judicial diversas parcelas de propiedad municipal que ahora quedan liberadas y en las que están proyectadas las principales inversiones a corto plazo y que, en opinión de Medina, «supondrán un antes y un después de Torrox».
Por ello, aunque Medina considera que «por lo menos, los partidos que han estado al frente del Ayuntamiento durante este periodo como PSOE e IU deberían sonrojarse y pedir perdón», prefiere mirar hacia el futuro y lanzar un mensaje de ilusión para los vecinos.

«Por un lado se te queda la cara de tristeza cuando haces un pago de 3,5 millones de euros a cambio de nada, pero por otro sientes un alivio al ver que grandes proyectos que necesitamos para lograr nuestro objetivo de que Torrox sea un referente en la Costa del Sol puedan tener luz verde y sean pronto una realidad», afirmó Medina.

El alcalde ha recordado que con el ‘carpetazo’ al caso Barragán, el Ayuntamiento liberará los terrenos municipales para hoteles y equipamiento del futuro puerto deportivo, un campo de golf o la permuta de una parcela con la Sociedad Azucarera Larios para ejecutar la histórica demanda vecinal de construir un tanatorio. «Iniciativas necesarias para un municipio que, a pesar de ser uno de los que más viene creciendo en la Costa del Sol y mejor proyección está teniendo como destino turístico, no ha contando nunca con una apuesta decidida de las administraciones en función al lugar que justamente nos corresponde», afirmó.

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