Acuerdo ‘in extremis’ para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre

El Gobierno amplía las exoneraciones a los trabajadores congelados, aunque mantiene los incentivos a la actividad.

El camino de los ERTE se allana hasta el próximo 30 de septiembre. El Gobierno ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta que mejora las exoneraciones ofrecidas para los trabajadores suspendidos de actividad -el principal escollo de la negociación-, aunque mantiene los incentivos a la reactivación de los trabajadores -el principal objetivo del ministerio de Seguridad Social-. El texto está siendo analizado por los empresarios y, según las fuentes consultadas, ven con buenos ojos la propuesta, por lo que el acuerdo se da practicamente por cerrado. Los sindicatos también ven con buenos ojos y ultiman la publicación de un comunicado conjunto avalando la propuesta, aunque aún está pendiente de la ratificación oficial por sus órganos de gobierno.



«El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE celebrado esta tarde ha dado su visto bueno por unanimidad a la última propuesta remitida por el Gobierno sobre los ERTE al entender que se adecúa a las necesidades de las empresas, especialmente para aquellas que peor situación y perspectivas para los próximos meses tienen», han declarado los empresarios.

Este último movimiento se produce tras una jornada frenética y apenas unas horas antes de que el Consejo de Ministros extraordinario dé mañana de luz verde a la nueva prórroga de los ERTE de la que dependen cerca de 600.000 empleados y que ha sacado a relucir las tiranteces que vive la coalición. Frente al discurso de recuperación que busca proyectar el Ejecutivo, el día se ha caracterizado por la tensión pública entre Seguridad Social y los empresarios, la baja por enfermedad de la ministra de Trabajo y la irrupción de la titular de Igualdad para remarcar el mensaje de que el Gobierno derogará la reforma laboral del PP.

La mañana ha arrancado con un fuerte enfrentamiento dialéctico entre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Garamendi, alejándose de su habitual tono conciliador, que incluso le ha llevado a granjearse algunas críticas entre los empresarios más beligerantes, ha cargado duramente contra la posición del ministro en una entrevista en RNE, y le ha acusado de «estar en un laboratorio» y «no en la realidad» empresarial de nuestro país. La respuesta se estaba produciendo en paralelo en otra radio en la que Escrivá se mantuvo firme en su posición y aseguró que el Gobierno había sido y estaba siendo «extraordinariamente generoso» con las exoneraciones y no dudó en tensar un poco más la ya desgastada cuerda de la negociación: «El fin no es el acuerdo», espetó.

Poco después se conocía la baja médica de Yolanda Díaz, una figura clave en estas conversaciones y que, pese a contar con el respaldo de empresarios y sindicatos en esta mesa, habría perdido apoyos dentro del Gobierno, en la que se ha convertido en su primera gran batalla tras la salida de Pablo Iglesias. Díaz es una fuerte defensora del diálogo social y así lo ha llevado por bandera en esta crisis. No en vano, los acuerdos fraguados en el marco del diálogo social han sido uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para criticar al PP y denunciar su falta de interés real por cerrar pactos. La ministra había reconocido un día antes en Barcelona, tras reunirse con la alcaldesa Ada Colau, que había pasado la noche sin dormir debido a unas negociaciones en las que prometió «dejarse la piel». El propio Garamendi reconocía esta mañana el papel de la vicepresidenta en este proceso y ha dicho sentir una «mayor sensibilidad» a los problemas de los empresarios por parte de Trabajo que de Seguridad Social.

El descanso médico de Díaz le obligó a faltar a la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados de esta mañana, lo que fue el detonante del otro movimiento político de la jornada. Allí, su compañera Irene Montero tomó su relevo e insistió en «derogar la reforma laboral del PP», otro de los frentes que separan a Díaz del bloque económico del PSOE, con Nadia Calviño y José Luis Escrivá a la cabeza. El giro de Montero no ha sido casual, pues aprovechó una pregunta sobre conciliación familiar para introducir el compromiso asumido por PSOE y Unidas Podemos. «Estamos comprometidos con las familias en su diversidad, trabajamos en una ley de diversidad familiar, en regular los alquileres y en derogar la reforma laboral», avisó.

La crispación generada en esta mesa ha tensado al máximo la relación entre las dos facciones económicas del Gobierno, hasta tal punto que el presidente ha tenido que mediar, aseguran fuentes cercanas a Moncloa. El escenario no era sencillo. Por un lado, Nadia Calviño goza de una muy buena relación con el presidente y ambos mantienen contactos fluidos. La vicepresidenta segunda, a su vez, apoyaba en esta pugna a su homólogo de Seguridad Social y compartía su argumento de que los empresarios estaban rechazando una oferta mejor de la que sí aceptaron el verano pasado. En este lado estarían también la titular de Hacienda, María Jesús Montero y Carmen Calvo.

Sin embargo, sellar sin acuerdo social la que puede ser la última prórroga de los ERTE, un instrumento que ha sido clave en la gestión económica de la pandemia, habría tenido implicaciones políticas en un momento en que Sánchez quiere capitalizar la recuperación por el impulso de los fondos europeos y el efecto de la vacunación.



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