El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, un cambio normativo que marcará un antes y un después en la política migratoria española. La medida, pactada con Podemos, beneficiará a unas 500.000 personas y tiene como objetivos agilizar los trámites de residencia y trabajo, reducir la burocracia y dar respuesta a la falta de mano de obra en sectores clave de la economía.
La nueva regulación introduce procedimientos más rápidos y flexibles, ampliando las posibilidades de regularización para personas extranjeras que ya viven en España. Entre las principales novedades destaca el refuerzo de las distintas modalidades de arraigo, así como la creación de nuevas vías vinculadas a la formación y al empleo, con el fin de facilitar la incorporación al mercado laboral.
Uno de los colectivos más beneficiados será el de los jóvenes migrantes, especialmente quienes alcanzan la mayoría de edad tras haber estado tutelados por la administración, además de estudiantes extranjeros, que podrán compatibilizar con mayor facilidad su formación con un empleo. El reglamento también mejora la estabilidad administrativa de las personas que llevan años residiendo en España en situación irregular.
Desde el Ejecutivo se defiende que esta reforma responde a una realidad evidente: miles de personas ya forman parte del tejido social y económico del país, pero continúan atrapadas en la irregularidad administrativa. “Se trata de ordenar lo que ya existe y hacerlo con garantías”, señalan fuentes gubernamentales, que insisten en la necesidad de una inmigración regular, segura y vinculada al empleo.
La nueva normativa entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrá un impacto directo en las oficinas de extranjería, empresas y personas migrantes de todo el país.
