El acuerdo sellado este mismo jueves por el Partido Popular y Vox qeu ha permitido a Juanma Moreno volver a ser presidente de la Junta de Andalucía para los próximos cuatro años tiene una serie de líneas que ambas formaciones han pactado y cuya aceptación ha sido fundamental para permitir el apoyo de los de Abascal a los populares.
El texto de ese pacto recoge que Andalucía no acogerá a más menores extranjeros no acompañados, se prohibirá el burka y el niqab en espacios públicos y se revisará la Ley de Cambio Climático. Una ley de 2018 y que, según las condiciones impuestas por Vox, supone un lastre para la ganadería, la agricultura, la pesca, los autónomos y los sectores productivos andaluces.
De este modo, PP y Vox suman fuerzas para oponerse por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad, según consta en el texto difundido a los medios de comunicación tras su firma este jueves. El documento recoge, además, que «no se participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Andalucía, no habilitando nuevos centros ni creando plazas en los existentes, así como reduciendo el gasto en esta materia al mínimo imprescindible».
El acuerdo recoge que se reservará una partida presupuestaria para realizar pruebas de edad con las que evitar fraudes en las condiciones de los menores y el colapso de los servicios.
En materia educativa se pondrá fin al programa de lengua árabe y cultura marroquí en Andalucía y se muestra el rechazo «explícito» a «cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad».
En medio ambiente, el texto firmado entre PP y Vox señala que «se eliminará todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas, reorientando los recursos hacia la gestión del agua, la prevención de incendios, las infraestructuras agrarias, la innovación aplicada y la protección de las explotaciones andaluzas».
El documento también recoge expresamente que desde el primer presupuesto que se apruebe en la primera legislatura de este gobierno de coalición, el Ejecutivo andaluz procederá a la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, así como a las entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva».
