Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, instan a las comunidades y a sus vecinos a «continuar con el cumplimiento del protocolo de prevención».
El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla advierte de que las normas de seguridad frente al Covid-19 que se estipularon el verano pasado siguen vigentes este año.
Así lo indica su presidente, Manuel Jiménez, ante el «inminente» comienzo de la temporada de piscinas, por lo que insta a las comunidades y a sus vecinos a «continuar con el cumplimiento del protocolo de prevención», según informa SUR.
Tal y como señala Jiménez, al principio, «se requirió de un gran esfuerzo, pero finalmente la adopción de medidas permitió disfrutar de las piscinas comunitarias sin registrar apenas incidencias». El 90% de dichos espacios comunitarios de Málaga abrió en 2020 y prácticamente la totalidad pudo mantener su actividad durante toda la temporada gracias al seguimiento de las medidas.
El aforo permitido para las piscinas comunitarias es del 75 por ciento y debe mantenerse la distancia de 1,5 metros entre los usuarios no convivientes. Para facilitar este distanciamiento social, debe marcarse el suelo con señales que establezcan la distribución espacial.
También recuerdan desde el Colegio que se debe colocar cartelería con información sobre el Covid-19, asegurar la limpieza y desinfección de las instalaciones antes de la apertura de cada jornada y cumplir con las medidas básicas como la desinfección de manos a la entrada y salida de la piscina.
«Por supuesto, en caso de padecer el coronavirus o tener cualquier síntoma compatible no se debe acudir a la piscina. Debemos seguir comportándonos con responsabilidad y guardar aislamiento cuando corresponda para no exponer la salud de los demás ni agravar la difícil situación de salud pública que estamos atravesando», explica el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.
Asimismo, admiten que en algunas comunidades pueden surgir problemas para la apertura de las piscinas al no poder celebrarse juntas de propietarios en las que se aprueben partidas presupuestarias extras para poder implementar todas las medidas que requiere la normativa, y que en la mayoría de los casos requiere una inversión extra que, de media, puede alcanzar los 3.500 euros.
