El olivar y el regadío del norte de la provincia serán las zonas más afectadas por el nuevo modelo, asegura Fernando Fernández Tapia-Ruano
El delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha advertido que «el olivar de la provincia de Málaga será castigado por el nuevo modelo de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) que propone el ministerio para el período 2023-2027″, calculando que más de 7.400 agricultores «sufrirán recortes».
En una visita a una explotación de ganadería caprina en la zona sur del Torcal de Antequera, el delegado territorial ha asegurado que «el olivar y las tierras de labor de regadío en la comarca de Antequera serán las producciones más perjudicadas de la provincia», publica La Opinión de Málaga.
Se ha referido así Fernando Fernández al modelo de reforma de la PAC propuesto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, indicando que «Andalucía no apoya la versión inicial del Plan Estratégico de la PAC enviada por el Ministerio a Bruselas porque se ha realizado sin buscar el consenso ni con las comunidades autónomas ni con el sector, motivo por el que Andalucía de manera unánime se ha manifestado en contra del mismo»
El delegado ha indicado que desde el Gobierno andaluz, se ha informado al Ejecutivo central que esta modificación no responde a la diversidad productiva de los cultivos leñosos de España y Andalucía y ha subrayado que «según los análisis de impacto realizados por la consejería los recortes en la provincia de Málaga se van a concentrar en el olivar y en el regadío de la comarca Norte o Antequera, de forma que más de 7.400 agricultores malagueños podrían ver disminuidas sus ayudas de la PAC en más de un 10%».
Ha señalado que la Junta de Andalucía «ha defendido en todo el proceso de diseño de la nueva PAC unas posiciones claras, consensuadas con el sector a través de una declaración institucional firmada con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agro-alimentarias en septiembre de 2020″.
Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía han señalado que la aplicación de la PAC diseñada por el ministerio no responde a los problemas de la cadena de valor y precios que sigue afectando al sector, porque no aborda la competencia desleal de terceros países con menores exigencias sociales y medioambientales, y porque impone mayores exigencias a agricultores y ganaderos mientras disminuye el presupuesto.
En este sentido, el delegado territorial ha recordado que el marco financiero plurianual 2021-2027 de la Unión Europea ya estableció un recorte para la PAC que se estimó en un 10 % en términos reales, considerando una inflación anual media del 2%. Al respecto ha señalado que «con los valores actuales y previsibles en el futuro próximo de inflación, estas pérdidas aún serán mayores«.
Ha reiterado que «la consejería ha solicitado en numerosas ocasiones al ministerio que cualquier propuesta de modificación en los instrumentos de apoyo a las rentas de los agricultores debía venir acompañada de estudios de impacto que analizaran las repercusiones económicas, sociales y medioambientales sobre los diferentes sectores productivos y territorios».
Asimismo, ha lamentado que en los eco-esquemas, principal novedad de la reforma de la PAC, «el ministerio ha definido unos tipos de superficies en cultivos leñosos, basados exclusivamente en las pendientes, sin tener en cuenta otros elementos como el tipo de cultivo o el suelo, lo que va a provocar igualmente una importante pérdida de niveles de apoyo a una gran parte de los olivareros andaluces, pérdidas que superarán, según nuestras estimaciones, el 30% en muchas comarcas de Andalucía».
Hasta la fecha, los titulares de explotaciones de olivar han podido solicitar automáticamente el Pago Verde de la PAC, atendiendo a la función medioambiental y climática de los olivos, que contribuyen a la protección del suelo y de la biodiversidad, al tiempo que sirven como sumidero de carbono.
Pero, a partir de ahora, ha explicado, «los cultivos permanentes como el olivar no serán en sí mismos un eco-régimen, como ha solicitado el Gobierno andaluz reiteradamente durante el período de negociación de las nuevas bases de aplicación de la PAC». En consecuencia, los olivareros deberán demostrar que cumplen con los nuevos requisitos que establece el Plan Estratégico Nacional de la PAC (Pepac).
Asimismo, ha apuntado que los productores malagueños «se verán afectados por la fuerte reducción del 60% en el número de regiones productivas de España» (que pasan a ser de 50 a 20) y que, en el caso de los cultivos permanentes, como es el olivar, supone un descenso de casi el 78%, al bajar de 18 a cuatro.
