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La Junta cancela casi 10.600 Viviendas de Uso Turístico e implementa mejoras en su control

El Registro de Turismo de Andalucía ya impide la inscripción en aquellos municipios que cuentan con restricciones a estos alojamientos

por redaccion
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El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha actualizado a casi 10.600 el número de Viviendas de Uso Turístico (VUT) canceladas por la Junta de Andalucía desde febrero de 2024, “en una estrategia de control y regulación que busca garantizar la legalidad y la calidad del alojamiento turístico en la comunidad”, ha asegurado.

La Junta ha reforzado su política de inspección con medidas concretas que incluyen más cancelaciones, más control y más colaboración institucional. Entre las acciones destacadas, se encuentra el próximo apoyo de un grupo especializado de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, que trabaja sobre el terreno junto a los inspectores turísticos para detectar actividades ilegales.

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“Las cancelaciones son la garantía de que quien no cumple no puede operar. El objetivo es claro: que el servicio que se presta sea reglado, en igualdad de condiciones con hoteles, hostales o apartamentos turísticos. Cuando un turista reserva en Andalucía, tiene derecho a encontrar una vivienda segura, legal y que cumple la normativa”, ha subrayado Bernal.

Al mismo tiempo, se han firmado convenios de colaboración con ocho municipios (Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almería, Alhaurín el Grande y El Puerto de Santa María), y hay otros 23 en tramitación, lo que permitirá compartir datos, coordinar actuaciones y reforzar la eficacia de las medidas desde el ámbito municipal y autonómico.

Una de las principales novedades es la mejora del sistema informático del Registro de Turismo de Andalucía, que ahora incluye avisos preventivos para informar al ciudadano cuando intenta registrar una VUT en zonas con limitaciones urbanísticas. En municipios como Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Chiclana o El Puerto de Santa María, donde existen restricciones, y el sistema emite una advertencia automática sobre las consecuencias legales y la apertura inmediata de expediente de cancelación. “Esto supone menos burocracia y más seguridad jurídica para el ciudadano”, ha subrayado Bernal.

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