La Junta baja impuestos con la nueva Ley de Tributos Cedidos e incentiva el ahorro energético para la recuperación económica

Según la institución, la rebaja fiscal beneficiará a casi 800.000 malagueños.

El Parlamento andaluz aprobó ayer la nueva Ley de Tributos Cedidos de Andalucía, que supone la tercera rebaja fiscal en la comunidad y que incluye, como novedad, una reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en favor de hermanos, tíos y sobrinos que lo convierte en el mejor régimen fiscal de todas las comunidades en este sentido.



“Andalucía inició en esta legislatura el camino de la bajada de impuestos y hemos pasado de ser una de las cuatro comunidades que más gravaban la renta del trabajo de autónomos, empresas y trabajadores, a ser de las que menos impuestos cobran por trabajar, creando un clima favorable para la recuperación económica y el crecimiento”, ha asegurado hoy en rueda de prensa la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

Con esta tercera rebaja que afecta a todo el conjunto de tributos cedidos, “dejamos en manos de empresas, autónomos y ciudadanos casi 330 millones de euros para que creen empleo y riqueza en la región”, y sus efectos van a beneficiar a casi 800.000 malagueños.

La delegada ha destacado que se trata de “una rebaja muy social, que pone el foco en las rentas medias y los trabajadores”, ya que con esta esta ley pagarán menos impuestos los jóvenes menores de 35 años cuando alquilen una vivienda, las víctimas de violencia doméstica o de terrorismo cuando adquieran un piso, las personas con discapacidad y los mayores de 65 años.

También beneficiará a aquellas personas que vivan en municipios de menos de 3.000 habitantes, a las familias numerosas o monoparentales y aquellas que hacen un esfuerzo para mejorar la educación de sus hijos y a los empresarios cuando desarrollen proyectos de investigación, desarrollo o innovación y cuenten con la participación de universidades o centros tecnológicos.

Se bajan los siguientes impuestos:

– El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales: pasa del 8, 9 y 10 al 7%. Y al 0,3 en arrendamientos.
– El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados: pasa del 1,5 al 1,2%.
– En el Impuesto del IRPF, se adelanta la escala prevista para 2023 a 2022. El tipo mínimo se queda en el 9,5 y el máximo, en 22,5.
– El Impuesto de Sucesiones y Donaciones en favor de hermanos, tíos y sobrinos pasa del 70 al 45% (El mejor régimen fiscal de todas las comunidades).
– El Impuesto sobre el Patrimonio: se queda en la misma escala que el estatal, salvo el último tramo que se queda en el 2,5 y no aplica la subida estatal del 3,5%.
– El impuesto especial sobre determinados medios de transporte: pasa del 16,9 al 14,75 y del 13,8 al 12 por ciento.
– Incremento de la deducción por alquiler de la vivienda habitual Vivienda a colectivos como jóvenes de 35 años o mayores de 65 años. Rebajas del 15% (máximo de 600 €).

“Bajando impuestos se genera riqueza, porque se pone el dinero donde tiene que estar, que es en el bolsillo de las familias, de los empresarios, para contribuir al consumo y activar la economía, y con ello se genera también mayor recaudación para las arcas públicas, con la que se contribuye a mejorar los servicios públicos, No es una fórmula nueva, se ha visto que funciona”, ha asegurado la delegada de la Junta en Málaga.

Navarro ha reiterado que en 2019 “suprimimos el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se redujo el tramo autonómico del IRPF y se bajó el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados”, con lo que se recaudaron 550 millones de euros más en Andalucía, “porque por cada euro que se dejó de ingresas al bajar Sucesiones y Donaciones, se obtuvieron cuatro euros más a través del IRPF”.

Revolución fiscal y revolución verde

Junto a la revolución fiscal, el Gobierno andaluz apuesta por la revolución verde para avanzar en un desarrollo sostenible y como fórmula, también, de recuperación económica.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el Plan Andaluz de Acción por el Clima con los objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 41% para 2030 y aportar, a partir de fuentes de energía renovable, al menos el 42% del consumo.

“Se trata de fomentar iniciativas para adaptarnos y hacer frente al cambio climático y sus consecuencias sobre el territorio y la sociedad”, ha dicho Navarro. Andalucía es la primera comunidad española en aprobar una planificación acorde con la nueva Ley estatal de cambio climático.

Es un “elemento clave” dentro de la Revolución verde impulsada por el presidente de la Junta de Andalucía, que apuesta por el ahorro energético como medida sostenible y de recuperación económica.

De hecho, el Gobierno andaluz gestiona ayudas por importe de 134,3 millones de euros para impulsar el autoconsumo renovable durante los próximos dos años; convocatoria que se abre a partir del 2 de diciembre.

Son fondos destinados al sector residencial, las administraciones públicas, las entidades sin ánimo de lucro y los sectores productivos para instalaciones de autoconsumo.

Esta medida de control sobre la gestión y consumo de la energía “puede suponer un ahorro de hasta el 60% en la factura eléctrica de un hogar medio, y queremos ayudar a las familias frente al tarifazo de la luz del Gobierno central”, ha dicho Navarro.

El recibo de la luz “se ha convertido en un atraco a mano armada, con recibos hasta cinco veces más altos que hace un año, un freno total a la recuperación económica, por lo que es urgente que el Gobierno de España tome medidas para abaratar la luz y deje de meter la mano en el bolsillo del ciudadano”.

Renta Mínima

La delegada ha añadido que la Junta de Andalucía “no quiere dejar atrás a nadie y por eso las familias más vulnerables están en nuestra agenda, con la aprobación en Consejo de Gobierno de un decreto ley, a propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para la modificación de las medidas extraordinarias puestas en marcha durante la pandemia por Covid-19 en relación con la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, con el objetivo de agilizar y flexibilizar los trámites necesarios para su concesión.

Se trata de reducir la lista de espera y poner fin a los retrasos acumulados en estos procedimientos.

Ahora, y en el marco del proceso de digitalización y simplificación administrativa (incluido el plan de choque de refuerzo de personal) puesto en marcha por la Administración andaluza, la Renta Mínima de Inserción Social reduce el número de ítems a comprobar de forma documental a aquellos que únicamente no se puedan chequear de manera telemática.

Se podrá tramitar la práctica totalidad de los procedimientos en un periodo de seis meses. 

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