La delegada destaca la regularización de viviendas como una de las medidas para luchar contra la despoblación del interior

Patricia Navarro insiste en destacar “la celeridad” del Gobierno andaluz a la hora de solucionar los problemas generados por la gota fría en la provincia.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha explicado hoy en rueda de prensa que el decreto sobre Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía “resolverá de una vez por todas la grave situación de las edificaciones irregulares; una problemática que viene de lejos y que anteriores gobiernos han tratado de resolver sin éxito, a la vez que es una forma de luchar contra la despoblación”.



Navarro ha explicado que en la provincia son unas 50.000 edificaciones las censadas que están sin regularizar y que se podrían acoger a la figura de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), “que no es una amnistía sino que da certidumbre, seguridad jurídica y soluciones a decenas de familias” y que permitirá organizar el territorio andaluz. 

Además se trata de una medida que contribuye a “fijar  población, luchando así contra el abandono de los pueblos del interior como proyecto de futuro, porque tenemos que ayudar a que esa tradición tan nuestra de vivir en el campo se mantenga, es preciso no poner obstáculos siempre dentro de la legalidad y la ordenación”, ha dicho. 

La delegada ha asegurado que es voluntad del nuevo Gobierno “priorizar la labor inspectora y sancionadora” en este sentido, para “evitar que pase lo que ha estado pasando en gobiernos anteriores, precisamente por falta de actuación”. 

Así, la delegada territorial de Fomento, Carmen Casero, ha recordado que desde 2003, “con la famosa LOUA, hemos estado inmersos en una maraña de normativas y planes territoriales que, lejos de agilizar la regularización de estas edificaciones, han dilatado la situación en el tiempo por la complejidad de trámites burocráticos”. 

Casero ha hecho hincapié en que la figura de AFO precisaba hasta ahora de un planeamiento, “pero hay planes generales que han tardado 15 y casi 20 años en salir a la luz, por lo que era del todo ineficaz; ahora no será necesario y el trámite no sobrepasará del año o año y medio en caso de precisas un planeamiento especial, que no general”. 

Medidas correctoras

La finalidad es “poner fin a la maraña de despropósitos que anteriores gobiernos socialistas no han resuelto, pero tampoco es una carta blanca”, ya que los propietarios deben adoptar medidas compensatorias. 

Para la regularización de viviendas “se impondrán medidas para corregir los efectos del crecimiento desordenado e indiscriminado que provoca la sobre explotación de recursos como el agua y el suelo”.

Por eso, “el éxito de este decreto ley dependerá de la voluntad de los propietarios y de los ayuntamientos. Las corporaciones municipales son las que tiene que dar el impulso necesario para que las viviendas irregulares que cumplan los requisitos se normalicen”, ha explicado Casero. 

De las más de 50.000 viviendas que podrán acogerse al decreto ley en la provincia de Málaga, casi 19.000 se localizan en el término municipal de la capital, más de 15.000 en la Axarquía y unas 7.600 en la Costa del Sol. Además en las zonas de Antequera y Ronda también se contabilizan unas 13.000 edificaciones. 

No podrán acceder a la figura de AFO las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia. Tampoco tendrán esa opción las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección, ya que su delito no prescribe. 

Ayudas de emergencia por el temporal 

La delegada del Gobierno andaluz también ha destacado en su comparecencia las medidas adoptadas y aprobadas en Consejo de Gobierno para paliar los daños sufridos en la provincia por el temporal de lluvias registrado entre el 13 y el 15 de septiembre. 

“Hemos acometido la valoración y cuantificación en tiempo récord de los perjuicios causados, y en pocos días se aprobaba un paquete de ayudas de emergencia dotado con 75 millones para toda Andalucía, de los que 21,1 se destinan a Málaga y de ellos 1,6 millones son para servicios básicos en 19 ayuntamientos que esperamos poder abonar en las próximas horas”, ha avanzado la delegada. 

Se trata de “la mayor consignación presupuestaria aprobada hasta la fecha para hacer frente a una catástrofe de esta magnitud y es la primera vez en la historia de la Junta de Andalucía que se actúa y responde con tal cantidad de fondos y con tanta agilidad a una emergencia como esta”, ha añadido. 

Navarro ha explicado que además de 1,6 millones para obras de servicios básicos se han consignado 17 millones de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y unos 2,5 millones de la Consejería de Fomento para carreteras. 

En esta línea el delegado territorial de Agricultura, Fernando Fernández, ha destacado la ampliación de municipios beneficiarios del Plan Restaura que se llevó al pasado Consejo de Gobierno. 

Los municipios a los que se han ampliado las ayudas son los siguientes: Arenas, Campillos, Canillas del Aceituno, Guaro, Mijas, Monda, Sierra de Yeguas, Tolox, Vélez Málaga y Villanueva de la Concepción.

Ya con anterioridad se habían incluido 12 municipios: Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Almogía, Antequera, Archidona, Cártama, Coín, Cuevas Bajas, Ojén, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco.

Estas localidades podrán acceder a las ayudas del denominado Plan Restaura, dotado con 48 millones de euros para hacer frente a los daños en terrenos agrícolas por desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

“En concreto en la provincia de Málaga vamos a destinar 17 millones de euros para este Plan desde la Consejería de Agricultura. De esta cantidad, 5 millones de euros se van a destinar para actuaciones en caminos rurales; otros 5 millones para obras hidráulicas que se hayan visto afectadas o sean necesarias; y otros 7 millones para adecuación y mejora de cauces”, ha explicado el delegado. 

La Delegación Territorial de Málaga, a través de sus Oficinas Comarcales Agrarias, “ha estado en permanente contacto con los municipios afectados y ha recabado una relación inicial de 269 caminos rurales afectados en nuestra provincia”.

Los técnicos de la Delegación, con el apoyo de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, van a proceder los próximos días a evaluar los daños en cada camino para que todas las actuaciones puedan ser financiadas con cargo al FEADER. Posteriormente, se ejecutarán las obras para la restauración de estas infraestructuras por vía de emergencia.

Fernández ha destacado la respuesta dada por el Gobierno andaluz “a los efectos del temporal ya que en apenas una semana ha puesto expedientes en marcha y va a librar una importante cantidad económica, lo que implica una actuación con eficiencia, agilidad en la gestión y credibilidad”. 

Anticipo de la PAC por la sequía

También el Consejo de Gobierno ha conocido las primeras medidas adoptadas por la Consejería para paliar los posibles efectos de la sequía: el aumento de las ayudas a los agricultores y ganaderos con un anticipo de los pagos de la PAC y el incremento de las partidas para apoyo a la contratación de seguros agrarios.

“Desde el Gobierno consideramos necesario garantizar un mayor apoyo económico a los sectores agrarios afectados con un aumento de las ayudas y una de las medidas puestas ya en marcha es la concesión de anticipos en los pagos derivados de la PAC, pasando del 50% al 70%”, según  Fernández. 

De esta forma, se prevé adelantar desde el 16 de octubre el abono de unos 780 millones de euros que permitirán al sector disponer de mayor liquidez y recursos para hacer frente a las consecuencias del estrés hídrico. 

En la provincia de Málaga estos anticipos de la PAC para garantizar la renta de los agricultores serán superiores a los 50 millones de euros.




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