IU de Vélez insiste en la necesidad de incluir en el presupuesto la equiparación salarial de las trabajadoras de Emvipsa

La coalición de izquierdas ha trasladado esta propuesta a raíz del comunicado emitido por CCOO anunciando que llevará al juzgado el incumplimiento del convenio colectivo.

A raíz del comunicado emitido por Comisiones Obreras denunciando al Ayuntamiento de Vélez-Málaga y a su empresa municipal por el incumplimiento del convenio colectivo en la empresa Emvipsa, desde Izquierda Unida han vuelto a insistir esta mañana en la necesidad de incluir la equiparación salarial del personal subrogado desde la mercantil Limpiezas Crespo en los presupuestos municipales de 2018, aprobados inicialmente durante la sesión plenaria celebrada el pasado viernes.

La propuesta que los dos miembros de Izquierda Unida en el consejo de administración de esta empresa municipal, Miguel Ángel Sánchez y Juan Pedro Pareja, han dirigido formalmente al alcalde de Vélez-Málaga viene motivada “por la necesidad de evitar la judicialización de un conflicto laboral donde, tal y como recuerda CCOO en su comunicado a los medios, es evidente que Ayuntamiento y Emvipsa mantienen a más de 160 trabajadores, en su mayoría mujeres, con unas tablas salariales inferiores a las que se establecen en el convenio colectivo”.

Según el portavoz de esta formación, Miguel Ángel Sánchez, “ante el intento fallido de mediación que tuvo lugar este lunes en la sede del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) en Málaga, y a fin de evitar las consecuencias que para todos los vecinos tendría que el Ayuntamiento sufriera un nuevo revés judicial, desde la responsabilidad, volvemos a plantearle al alcalde y presidente del consejo de administración de Emvipsa que reconsidere la necesidad de enmendar el presupuesto municipal de 2018 -antes de su aprobación definitiva- para corregir este incumplimiento reiterado del convenio colectivo en la adecuación salarial del personal subrogado por la empresa municipal hace más de tres años”.

“Ya no estamos hablando de un compromiso adquirido con los trabajadores al calor de un proceso electoral, sino de la obligación legal de cumplir un convenio colectivo, equiparando las tablas salariales de la plantilla antes de que esa adecuación salarial del personal subrogado en 2015 venga impuesta por un juzgado”, concluyó Sánchez.

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