Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Málaga, bajo la coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente, han culminado la denominada operación “Murus”. Esta ambiciosa investigación, desarrollada durante todo el año 2025, ha puesto el foco en las irregularidades cometidas contra la ordenación del territorio, resultando en la investigación de 125 personas, entre las que se encuentran 122 personas físicas y tres jurídicas. El perfil de los investigados abarca desde promotores y constructores hasta técnicos directores implicados en obras no legalizables en suelo rústico de diversos municipios malagueños.
El balance de la operación arroja la supuesta comisión de 62 delitos urbanísticos, cuyas diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial. De forma paralela, los agentes llevaron a cabo 104 inspecciones en todas las comarcas de la provincia, detectando un total de 154 infracciones administrativas. Estas irregularidades se centran mayoritariamente en la carencia de licencias urbanísticas, la realización de movimientos de tierras no autorizados o el incumplimiento de los proyectos técnicos originales, denuncias que ya están en manos de los ayuntamientos para la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores.
La investigación ha revelado diversas estrategias para intentar eludir la normativa vigente. Entre las actuaciones más graves destacan la edificación de viviendas unifamiliares en espacios protegidos, la instalación de casas prefabricadas con fines residenciales y el uso de piscinas camufladas bajo la apariencia de albercas de riego. Asimismo, se ha detectado un patrón recurrente en la construcción de naves de aperos que posteriormente son transformadas ilegalmente en viviendas, así como la creación de zonas recreativas sin justificación técnica. En todo el proceso ha sido fundamental la colaboración de los servicios técnicos municipales y de la Junta de Andalucía para certificar la ilegalidad de las obras.
