El escrito demanda que los chiringuitos de playa se construyan solo con elementos desmontables, donde la situación en la playa se considera concesional y temporal.
En los últimos años se ha dado un paulatino crecimiento de construcciones de chiringuitos y otros edificios con material de obra (hormigón y ladrillo) en DPMT (playas). Sin embargo, tal y como señala Ecologistas en Acción, esta actividad está prohibida desde la aprobación de la reforma de la Ley de Costas de 1988 (Decreto de 2013 y Reglamento de 2014) y convierte las instalaciones construidas «en auténticos edificios, pues ya no son chiringuitos, sino restaurantes de playa en pleno arenal de las playas, con todas sus consecuencias».
Por este motivo, Ecologistas en Acción ha presentado, con fecha 21/11/2020, un escrito a la Dirección General de la Costa y el Mar, y a la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre donde solicita la urgente intervención del Estado sobre esta materia.
Solo en la provincia de Málaga se han construido cinco chiringuitos de obra en la playa de La Malagueta (Málaga ciudad), dos en la playa de Guadalmar, cuatro (dos en proyecto) en las playas de El Morche y Las Lindes en la costa de la Axarquía (Torrox). En la Costa del Sol, solo en Marbella ya hay cuatro chiringuitos de obra y otros tantos concedidos para su construcción, con nuevas peticiones, en un proceso en espiral amparado por las competencias traspasadas a las autonomías que requiere, por tanto, una urgente intervención del Gobierno.
Según explica Ecologistas en Acción, existen muchos aspectos en la política de chiringuitos que muestran un descontrol total sobre este tipo de instalaciones: «la falta de control de los precios de usuarios, el origen de los productos que venden, la calidad de los puestos de trabajo o los usos extraordinarios que los convierten en discotecas o salas de alterne».
Tradicionalmente se ha instado a que los chiringuitos se construyan con elementos desmontables, porque su situación en la playa se considera concesional y temporal. En cambio, durante los últimos años se han autorizado chiringuitos construidos con hormigón, ladrillo y sótano, convirtiéndose en auténticos edificios permanentes en el tiempo. En la práctica, estas construcciones actúan y se mercantilizan como bienes inmuebles y constituyen una urbanización del DPMT y un aumento considerable de la superficie útil máxima (al autorizarse la construcción de sótano).
En el escrito enviado se solicita que tanto en las playas naturales como en las playas urbanas se prohíba cualquier edificación fija hecha con ladrillo y hormigón. Asimismo, se demanda que carezca de sótano, que se exija que siempre sean de materiales desmontables, y que se traten como instalaciones de temporada, siendo deseable la obligación de dejar restituido el espacio ocupado fuera de la temporada.
Esto afectaría a todo tipo de construcciones de servicios, no solo chiringuitos, sino también casetas de aseo, casetas de aperos de pesca, casetas de socorrismo o casetas de Protección Civil. «El Estado tiene que prohibir toda edificación que se encuentre en un espacio inundable y aplicar criterios de prevención ante los efectos de los temporales cada vez más frecuentes por el cambio climático y el aumento del nivel del mar. Con estas medidas de prevención, se ahorraría el gasto que supone la protección de estos edificios», ha declarado Rafael Yus Ramos, portavoz de Ecologistas en Acción.
Por otro lado, la protección de los arenales costeros como hábitats de interés comunitario constituye otro argumento del escrito. Según Yus Ramos, «llama poderosamente la atención que en todos los proyectos que se presentan para la edificación de chiringuitos de obra se evalúe únicamente los impactos que puedan tener para sectores como la calidad turística, los accesos o los ruidos, pero jamás sobre la biodiversidad existente previamente, ni, por supuesto, sobre la biodiversidad potencial de no construirse nada».
Según Ecologistas en Acción, la legislación actual de Costas fomenta la mercantilización del litoral con una visión utilitarista y urbanística de las playas, y no muestra ningún interés en la recuperación de los sistemas naturales, dejando que se alteren a favor de los usos recreativos y mercantiles. No solo las obras, sino también la gestión de la playas, su limpieza rápida diaria con maquinaria pesada y rastrillados periódicos, tienen un fuerte impacto sobre la mesofauna, la fauna de los intersticios de las arenas, así como las redes tróficas que se crean en torno a los restos marinos de las arribazones. Todo ello lleva a la destrucción sistemática de las dunas embrionarias con las operaciones de aplanamiento y uniformización de la playa, como si de un elemento urbano se tratara.
El escrito presentado a la Dirección General de la Costa y el Mar y a la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre estipula que, el criterio que se debería seguir para la gestión de las playas, tanto naturales como urbanas, es su renaturalización, protegiendo los cordones dunares y las dunas embrionarias. Esto conlleva la eliminación de los chiringuitos de obra de playa y las limpiezas de playas con maquinaria no destructiva. La posibilidad de mantener la biodiversidad litoral y la creación de un sistema de defensa natural ante temporales marinos es compatible con los usos turísticos.
