Considera que «no cumple el juicio de idoneidad ni necesidad» para una medida que afecta al derecho a la intimidad y a la no discriminación.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha acordado a través de un auto denegar la ratificación judicial de la medida recogida en la orden del 5 de agosto consistente en limitar el acceso al interior de los establecimientos de esparcimiento y de hostelería con música a aquellas personas que puedan acreditar estar en posesión del certificado covid, acreditación de PCR o test de antígenos negativo en las últimas 72 horas.
La Sala entiende que es competente para analizar dicha ratificación judicial, puesto que la medida de implantar el pasaporte covid para acceder a los bares de copas y discotecas puede afectar a derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal, «en cuanto implica la necesidad de mostrar datos relacionados con la salud, considerados, de acuerdo con la normativa europea, como de carácter sensible», y con el principio de no discriminación, «en la medida en que establece un trato diferenciado para el acceso a tales locales, basado en la posesión o no del mencionado certificado».
En este sentido, la Sala entiende que, en principio, la afección de los derechos fundamentales implicados en el caso «no es de gran entidad, pues, por un lado, la mera acreditación de estar vacunado o de haber padecido la enfermedad no parece condicionar de forma grave el derecho a la intimidad personal», y de otro, «el sacrificio del principio de igualdad por el trato discriminatorio que se deriva de la exigencia del certificado covid cuando toda la población no ha tenido acceso a la vacuna en parte o en su totalidad afecta a un porcentaje de personas muy inferior al que se puede ver beneficiado por la posesión del certificado».
Por este motivo, la medida podría justificarse en la exigencia de proporcionalidad, pero «arroja serias dudas» sobre el cumplimientos de las otras dos exigencias. Así, respecto a la idoneidad, la sala considera que «no es una medida idónea en el grado exigible», ya que establece la compatibilidad de la exigencia del certificado covid con la de una prueba PCR o test de antígeno.
