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El obispo de Málaga anuncia que la Diócesis adelantará las indemnizaciones a las víctimas del cura de Vélez

José Antonio Satué asegura que las cuatro mujeres podrán disponer de las cantidades fijadas por la sentencia sin esperar al resultado de posibles recursos y reafirma el compromiso de la Iglesia con la reparación del daño

por redaccion
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La Diócesis de Málaga adelantará las indemnizaciones fijadas por la Audiencia Provincial para las cuatro víctimas del conocido como caso del cura de Vélez-Málaga, condenado recientemente a 52 años de prisión por delitos de agresión sexual, según ha anunciado este martes el obispo de Málaga, José Antonio Satué.

Durante una comparecencia pública, el prelado expresó el “profundo dolor” y la “vergüenza” que provocan los hechos recogidos en la sentencia, al tiempo que trasladó la voluntad de la Iglesia malagueña de situar a las víctimas en el centro de su actuación.

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“La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga ha declarado culpable a un sacerdote de esta diócesis por varios delitos cometidos contra cuatro mujeres. Los hechos recogidos en la resolución judicial nos avergüenzan y los lamentamos profundamente, especialmente por las consecuencias que han tenido y siguen teniendo en la vida de las víctimas”, manifestó.

La Diócesis pondrá a disposición de las víctimas las cantidades fijadas por la sentencia

Satué explicó que ha remitido una carta a cada una de las cuatro víctimas a través de sus representantes legales en la que les comunica varias medidas adoptadas por la Diócesis.

Entre ellas destaca la decisión de consignar de forma inmediata e irrevocable las cantidades económicas establecidas por la sentencia, con el objetivo de que las afectadas puedan disponer de ellas sin tener que esperar a la conclusión definitiva del procedimiento judicial.

Según indicó el obispo, la decisión se mantendrá incluso en el supuesto de que futuras resoluciones judiciales modificaran la cuantía de las indemnizaciones o alteraran la responsabilidad civil subsidiaria atribuida a la Diócesis.

“Queremos evitar que las víctimas se vean obligadas a esperar la conclusión de una causa que podría prolongarse en el tiempo”, señaló.

Las indemnizaciones fijadas por la Audiencia Provincial superan los 400.000 euros en total, con cantidades cercanas a los 100.000 euros para cada una de las cuatro mujeres.

Ofrecimiento de ayuda y encuentro personal

Además de la cuestión económica, el obispo anunció que la Diócesis ha puesto a disposición de las víctimas el servicio de acompañamiento terapéutico y espiritual para personas que han sufrido abusos y reiteró su disposición personal para mantener un encuentro con ellas si así lo desean.

Según explicó, el objetivo es escuchar sus testimonios, explicar las medidas adoptadas por la Iglesia y buscar fórmulas que contribuyan a prevenir situaciones similares en el futuro.

Durante el turno de preguntas, Satué reconoció que la gestión de una situación de esta complejidad puede haber generado errores y volvió a pedir perdón a las víctimas por el sufrimiento padecido.

Posible recurso sobre la responsabilidad civil subsidiaria

Respecto a la responsabilidad civil subsidiaria impuesta a la Diócesis por la sentencia, el obispo mostró su respeto a las resoluciones judiciales, aunque confirmó que los servicios jurídicos del Obispado estudian la posibilidad de recurrir este aspecto concreto desde el punto de vista legal.

No obstante, insistió en que cualquier eventual recurso no afectará a las víctimas, ya que la Diócesis ha decidido que las cantidades consignadas queden definitivamente a su disposición.

Compromiso contra los abusos

Satué concluyó reafirmando el compromiso de la Iglesia con la prevención y persecución de cualquier forma de abuso y anunció el impulso de un nuevo servicio diocesano para la atención a víctimas y la prevención de abusos, que ampliará las funciones de la actual oficina de recepción de denuncias.

La comparecencia del obispo llega pocos días después de conocerse la sentencia que condena al sacerdote que ejerció en Vélez-Málaga a 52 años de prisión por sedar, agredir sexualmente y grabar a cuatro mujeres, una resolución que ha tenido una gran repercusión social tanto en la comarca de la Axarquía como en el conjunto de la provincia.

 

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