El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impulsará una nueva normativa que obligará a las grandes superficies comerciales a incorporar etiquetado en braille en determinados productos que contengan alérgenos o sustancias peligrosas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la seguridad en el consumo.
La medida afectará a establecimientos de más de 400 metros cuadrados y se encuentra actualmente en fase de información pública, un procedimiento que permanecerá abierto hasta el próximo 12 de abril. Durante este periodo, organizaciones, ciudadanos y sectores implicados podrán presentar alegaciones y propuestas antes de la aprobación definitiva de la norma.
La futura regulación busca garantizar que las personas con discapacidad visual puedan acceder de forma autónoma a información clara, comprensible y segura sobre los productos que adquieren. La iniciativa se centra especialmente en alimentos que contengan alérgenos, así como en artículos como cosméticos o productos de limpieza que puedan incluir sustancias potencialmente peligrosas.
Entre las principales novedades, la normativa establece que los consumidores podrán solicitar que estos productos incorporen etiquetado en braille con información esencial. Entre los datos que deberán aparecer figuran el tipo de producto, la marca, las advertencias sobre alergias o riesgos y la fecha de caducidad o consumo preferente.
En aquellos casos en los que el envase no permita incorporar esta información directamente, la norma contempla la posibilidad de añadir un etiquetado adicional con los datos necesarios. Además, las grandes superficies que cuenten con venta online deberán ofrecer la opción de recibir los productos con información en braille.
Otro de los aspectos relevantes de la propuesta normativa es el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad visual a recibir atención personalizada durante el proceso de compra, con el fin de facilitar una experiencia más accesible e inclusiva dentro de los establecimientos comerciales.
Con esta iniciativa, el Gobierno de España pretende reforzar los derechos de las personas con discapacidad visual y avanzar hacia un modelo de consumo más inclusivo, en el que el acceso a la información accesible se convierta en una garantía básica para todos los consumidores.
