El IAM impulsa un protocolo de atención específica a víctimas de violencia de género con discapacidad

La directora del organismo avanza que Andalucía apoyó durante 2020 a un 21% más de mujeres con discapacidad que habían sufrido alguna agresión por sus parejas o exparejas.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández, ha avanzado que «en el IAM, con el apoyo del movimiento asociativo feminista de mujeres con discapacidad, hemos desarrollado un nuevo protocolo de atención específico para las mujeres víctimas de violencia de género que tienen algún tipo de discapacidad, con el propósito de recoger los procedimientos, actuaciones, las buenas prácticas y la formación para el personal de nuestros Centros Provinciales de la Mujer y Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), adaptada a los diferentes tipos de discapacidad que pueden presentar diferentes y diversas dificultades». En 2020, Andalucía atendió a 3.228 mujeres con discapacidad, de las cuales 957 fue por violencia de género, lo que supone casi el 30% del total (29,66%).



Laura Fernández ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la jornada ‘Violencia de género en mujeres con discapacidad: atención especializada y recursos’, dirigida a profesionales y personal de atención especializada en violencia de género, junto al director general de Personas con Discapacidad e Inclusión, Marcial Gómez, y el presidente de la Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Andalucía (CODISA PREDIF), Antonio Hermoso, celebrada en Córdoba en la sede de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (Fepamic).

La directora del IAM ha destacado que «uno de los retos de la sociedad democrática para garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de todas las personas es reconocer una cuestión clara y evidente: las mujeres con discapacidad están expuestas a mayores dinámicas de discriminación, desigualdad y violencia, por el hecho de ser mujeres y además tener algún tipo de discapacidad. Ser mujer con discapacidad es un claro factor de riesgo y vulnerabilidad y, por ello, las instituciones públicas y la sociedad tienen que dar respuesta a esta situación con acciones concretas y específicas que atiendan a la diversidad y, en este caso, a la discapacidad».

De ahí la idea de impulsar un protocolo específico cuya finalidad es ofrecer un instrumento para profesionales que atiendan a mujeres con discapacidad, para intervenir de manera correcta en las diferentes situaciones que pudieran producirse, conocer necesidades y particularidades. Fernández ha explicado  que este documento ha sido elaborado de la mano del movimiento asociativo feminista de mujeres con discapacidad, en concreto en colaboración con la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad en Andalucía (Famdisa). «Tenemos que dar una respuesta individualizada a cada mujer con discapacidad víctima de violencia de género, y por ello, este protocolo es un gran avance para articular y garantizar la atención especializada, derecho recogido en nuestra legislación en materia de violencia de género», ha enfatizado.

En 2020, Andalucía atendió a 3.228 mujeres con discapacidad, de las cuales 957 fue por violencia de género, lo que supone un 21% más que el año anterior, cuando se atendieron a 789 mujeres con discapacidad que habían sido agredidas por sus parejas o exparejas.

A este respecto, ha señalado que «la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, nos ha encomendado desde el inicio de la legislatura llevar a cabo políticas útiles y concretas que den respuesta a las necesidades reales de estas mujeres, escuchando al movimiento feminista de mujeres con discapacidad y trabajando con ellas». Así, ha recordado que por primera vez las bases reguladoras para las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en riesgo de exclusión social incluyen una línea para mujeres con discapacidad. Esta convocatoria cuenta con una financiación de cuatro millones de euros, un presupuesto que triplica al de 2018, que fue de 1,3 millones. Además, se ha fomentado la visibilización de este colectivo a través de campañas publicitarias, como la del Día Internacional de las Mujeres ‘Todas hacemos el mundo girar’, o creando referentes a través de los calendarios escolares coeducativos de los últimos dos cursos.

La batalla más dura

Mientras tanto, el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión ha subrayado que «la lucha contra la violencia de género esMujeres, quizás la batalla más dura que libra esta Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y somos muy conscientes de la discriminación interseccional a la que se enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, la propia de ser mujer y la de tener alguna discapacidad, además de poder ser víctima de violencia de género. A ello hay que añadir sus dificultades a la hora de verbalizar su situación, debido a su entorno, la poca credibilidad de sus testimonios, los estereotipos sociales. Y, en este sentido, es fundamental trabajar por una imagen social de las mujeres con discapacidad real, positiva, libre de prejuicios, enfocando a la mujer y su proyecto de vida».

Marcial Gómez ha apuntado que «desde el Instituto Andaluz de la Mujer, y desde la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión se trabaja conjuntamente por promover la igualdad entre los hombres y mujeres, y más específicamente, para erradicar la violencia de género». En esta línea, ha detallado que «se viene realizando un conjunto de acciones en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género entre las que destaca el acercamiento de los servicios públicos de atención a las mujeres con discapacidad a través de la accesibilidad cognitiva; por ello, se han realizado diversas acciones de sensibilización y formación a profesionales, se han adaptado a lectura fácil legislación, manuales, guías sobre la materia y se han creado nuevos documentos de información y recursos, se han realizado auditorías sobre la situación en accesibilidad cognitiva de los centros de valoración y orientación, Centros de la Mujer y centros SAVA con el objetivo de transformar y acercar los espacios, incorporando señalética accesible, por ejemplo, de manera que sea comprensible y entendible por todas las personas».




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