La ministra de Trabajo prevé una reanudación de algunos sectores productivos en los próximos meses, pero en los más afectados, como turismo u ocio, las dificultades se extenderán todo 2020.
La reanudación de la actividad en España, una vez la epidemia de covid-19 lo permita, se realizará en dos tiempos. Ese es el escenario que manejan el Ejecutivo y los agentes sociales. Según ha explicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este viernes, el primero de esos periodos “abarcará, en los sectores productivos y el trabajo, hasta el verano» y el otro «se extenderá hasta final de año” y comprenderá los segmentos más afectados por la crisis como el turismo o el ocio, donde la recuperación se espera que sea más lenta.
Con esa previsión en mente, el Gobierno está diseñando medidas para proteger la actividad y el empleo en las ramas de actividad que actualmente se encuentran paralizadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, ha indicado Díaz en una entrevista en TVE. Sectores como el turismo, la cultura, la restauración o la navegación aérea y marítima, ha dicho la ministra, “van a tener enormes dificultades”. “Parece que hemos de continuar con los ERTE por fuerza mayor en esos sectores que ya sabemos que a día de hoy y hasta muchos meses van a continuar sin actividad”, ha indicado Díaz en alusión al turismo y las actividades asociadas al mismo.
Sin embargo, uno de los primeros problemas que deberá afrontar la “desescalada” (como llaman el Gobierno y los agentes sociales al proceso de retornar a la actividad una vez la epidemia se controle) es el encaje legal de los ERTE por fuerza mayor una vez se supere el estado de alarma, señalan fuentes sindicales. En ese sentido, la idea es replicar el consenso que alcanzaron la patronal y las organizaciones obreras al inicio de la crisis. Aquel acuerdo permitió plantear conjuntamente al Gobierno, que lo aceptó con algunas modificaciones, la agilización de los despidos temporales por fuerza mayor y la flexibilización de los criterios para percibir el subsidio de desempleo. Ahora intentarán otro pacto que permitan tener listas nuevas fórmulas de ajuste del coste laboral cuando la emergencia sanitaria lo permita.
“Hay que ver cómo acompañamos ese proceso con las herramientas laborales que tenemos”, indica el secretario general de CC OO Unai Sordo. El reto, añade, es “acoplar todas estas formas de ERTE, hasta ahora casi todos por fuerza mayor, a una mayor variedad de situaciones”. La premisa es la misma de la que se partió en el consenso del pasado marzo: evitar los despidos definitivos. Y para ello habrá que afrontar una doble situación: la de aquellas empresas que vuelvan a abrir pero no tengan la actividad al 100% (y por tanto no necesiten al 100% de la plantilla) y la de aquellas que continúen cerradas más tiempo.
“Es fundamental tener mecanismos preparados para que no haya destrucción de empleo, sino fórmulas que permitan mantenerlo hasta la reactivación total”, valora Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Una propuesta de los sindicatos es “que para la reactivación muchos ERTE se conviertan en reducciones de jornada y que haya un mecanismo que agilice su entrada en vigor”, añade el dirigente sindical, para quien “el proceso de desescalada tiene que estar absolutamente condicionado al aseguramiento del suministro de EPI [equipos de protección tales como mascarillas o guantes] para trabajadores y elementos de protección para el transporte entre su domicilio y el trabajo”.
De condicionantes sanitarios como ese, más otros externos como la evolución de la pandemia en todo el mundo, dependerá la vuelta al trabajo. “Parece lógico que los sectores que tienen una mayor interacción con el público entren en funcionamiento después”, explica Álvarez. Y de ahí parte la idea de ese doble escenario, que según detalla Sordo se planteó ya en la reunión de Gobierno y agentes sociales del pasado Viernes Santo. A aquel encuentro no asistieron las patronales por discrepancias sobre el ingreso vital mínimo, pero el dirigente de CC OO asegura que “hay una reflexión muy compartida” sobre la doble velocidad a la que se podrá recuperar la actividad en función de cómo y cuánto afecte a cada sector la epidemia.
“Entendemos que la reanudación de la actividad se tendrá que adaptar a las nuevas normas que Sanidad defina, ya que nos encontramos ante una crisis sanitaria”, confirma una portavoz de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa. Para esa organización, la solución a los ERTE debe articularse en torno a tres premisas: que el Gobierno extienda la utilización de despidos temporales por fuerza mayor más allá del estado de alarma en los sectores que no puedan recuperar la actividad, que los prorrogue al menos durante un mes para las empresas que sí puedan volver a la actividad para que no se vean obligadas a tener que readmitir de golpe a toda la plantilla y que el cambio de un ERTE por fuerza mayor a uno por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (la fórmula más tradicional) sea automático sin necesidad de dar de alta a toda la plantilla antes de presentar otro.
Pero el acuerdo al que finalmente lleguen los representantes de trabajadores y empresarios trasciende la mera solución que se dé a las fórmulas de ajuste del empleo. Los sindicatos señalan cuestiones como la protección social (actualmente los ERTE por fuerza mayor no obligan a tener una cotización mínima para obtener el subsidio de desempleo del 70%), medidas de reactivación de la demanda, planes sectoriales o inyecciones de liquidez a las empresas. En definirlas intervendrá el diálogo social, pero van más allá porque se tendrán que incorporar al pacto de Estado que busca el Gobierno.
Aunque tal y como ha recordado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la comparecencia posterior a la reunión del comité técnico de gestión del coronavirus, todo eso forma parte de un tiempo que todavía está por llegar. “El hecho de que el Gobierno esté estudiando diferentes escenarios de transición hacia esa nueva normalidad no implica que estemos en esa fase”, ha valorado Illa, “me gustaría recalcarlo una vez más: estamos todavía en una fase de confinamiento, una fase de dureza y con máxima prudencia”.
Primero, el turismo nacional
También este viernes, Díaz ha insistido que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, trabaja en “planes de actuación concretos” para salvar la actividad de la restauración, la hostelería y el comercio, sectores que “definen la estructura productiva de España” y que antes de la alarma sanitaria daban empleo a unos cinco millones de personas.
Según señaló Maroto en una comparecencia ante los medios en la noche del jueves, su departamento contempla una recuperación escalonada del turismo. “Vemos distintas etapas en la recuperación y la primera va a ser la del turismo nacional”, indicó la ministra, para quien el retorno de los 84 millones de visitantes internacionales que tuvo España en 2019 está sembrado de incertidumbres porque “la salida de la pandemia es muy desigual por países”. También insistió en que, en la actual situación, la alarma condiciona cualquier actuación. “Todo calendario de desescalamiento está condicionado por el control de la crisis sanitaria”, afirmó.
Las prestaciones por desempleo se cobrarán el 3 de Mayo
Durante su participación en el espacio televisivo, Díaz también ha pedido tranquilidad a los solicitantes de prestaciones por desempleo y ha garantizado su pago, incluso antes del plazo habitual. “Se están reconociendo prestaciones a un ritmo como nunca en la historia de España”, ha señalado. La ministra ha explicado que los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) están trabajando de manera incansable para tramitar todos los expedientes de prestaciones que les llegan. “Han trabajado todos los días, todos los fines de semana, menos el Domingo de Resurrección, y además lo están haciendo desde sus casas”, ha subrayado la ministra. Fuentes gubernamentales reconocían recientemente al Diario El País que el organismo ha cuadruplicado la velocidad a la que reconoce las prestaciones ante la avalancha de peticiones registradas
Díaz ha indicado que de los 110.000 expedientes de prestaciones públicas por desempleo que entraron el jueves en el SEPE, se reconocieron 101.000, casi el 92%, mientras que el día anterior entraron 125.000 y se reconocieron 115.000 prestaciones, también el 92%. “Pido tranquilidad porque se van a reconocer las prestaciones y además se van a cobrar antes, no el día 10 como es habitual, sino que se ha adelantado una semana”, ha declarado la ministra. En este sentido, ha indicado que el acuerdo que se ha alcanzado con las entidades financieras ha permitido cobrar la prestación el día 3 de abril, en lugar del día 10 y lo mismo pasará en mayo: se cobrará el día 3. En cuanto a las cifras de empleo, Díaz ha señalado que pese a que la caída se ha ralentizado, los datos de paro de abril serán de nuevo “excepcionales y duros”. “España siempre sangra por el mismo lado, el de la precariedad y la temporalidad, y eso hay que arreglarlo”, ha asegurado. La ministra ha calificado de “tremendos” los datos de paro de Estados Unidos como consecuencia de la crisis sanitaria. “Todo lo que haga Estados Unidos va a llegar aquí por su impacto global en la economía. Y nosotros tenemos debilidades en el mercado laboral que hacen más complicada la salida”, ha valorado.
