El Congreso convalida el decreto por una exigua mayoría de 175 votos a favor y 174 en contra.
El Congreso vivió este jueves algunas de las horas más extrañas, confusas y rocambolescas de la legislatura. El Gobierno salvó los muebles y consiguió convalidar el decreto de reforma laboral sumando el apoyo de PSOE y Unidas Podemos al de Ciudadanos y otros pequeños partidos. Pero entre ellos no estuvo UPN, a pesar de que la formación conservadora navarra había prometido al Ejecutivo el apoyo de sus dos diputados, imprescindibles para sacar adelante la norma habida cuenta de la negativa de ERC, PNV y EH Bildu a apoyarla.
Como narra 20 Minutos, sin los votos navarros, lo normal hubiera sido que el texto pactado por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos cayera. Pero lo salvó, por un solo voto, el protagonista más inesperado: el diputado del PP Alberto Casero, que se confundió al emitir su sufragio de forma telemática. Su partido asegura que el error es informático, si bien no ha aportado ninguna prueba de ello. Salvo que se consiga demostrar dicho error informático, el voto de un diputado es inamovible e inmodificable una vez se emite, lo que no ha evitado que PP y Vox hablen a las claras de «pucherazo».
Este cúmulo de sorpresas revolucionó el Congreso tras un largo día de debate y casi dejó en un segundo plano que, después de mes de tira y afloja y unas horas finales de máxima tensión, el Gobierno ha conseguido convalidar por una exigua mayoría de 175 votos a favor y 174 en contra la reforma laboral. Este estrechísimo margen se debe a la negativa de ERC, PNV y EH Bildu a apoyar un texto que, según han denunciado, «responde a las presiones de la CEOE», y esa negativa tiene como origen el rechazo del Gobierno a cambiar una sola coma del pacto alcanzado con los agentes sociales. La alianza entre el Gobierno y sus socios queda tocada, aunque uno y otros son conscientes de que se necesitan y, tanto en público como en privado, aseguran que los puentes siguen tendidos.
La votación de este jueves ha sido el punto y final a un largo proceso de negociación y elaboración de la reforma laboral que comenzó en marzo del año pasado, cuando tuvieron lugar las primeras reuniones entre la patronal, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. Esas negociaciones culminaron el pasado diciembre con un acuerdo in extremis que se aprobó por decreto el día 28 de ese mes y, desde entonces, Trabajo ha intentado convencer sin éxito a unos socios que le han reclamado cambios en el texto acordado con empresarios y centrales, unas modificaciones que el Gobierno no estaba dispuesto a acometer para evitar que la CEOE saliera del pacto.
Esas negociaciones con ERC, PNV y EH Bildu llegaron hasta el mismo miércoles por la noche, cuando la última propuesta de Trabajo a los republicanos cayó en saco roto. Para entonces, no obstante, el Ejecutivo ya tenía amarrada una mayoría que convence mucho más a PSOE que a Unidas Podemos: la compuesta por Cs, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Teruel Existe y PDeCAT y UPN, los dos últimos partidos que, la misma tarde del miércoles, confirmaron su apoyo a la reforma laboral y han asegurado su convalidación. Fueron los dos diputados navarros los que faltaron a su palabra y votaron en contra finalmente.
La convalidación del decreto, no obstante, ha estado precedida de un duro cruce de reproches entre Díaz y sus socios nacionalistas. La vicepresidenta ha denunciado que ERC y EH Bildu -no así el PNV- no han discutido «con rigor y seriedad» la negociación y no han querido hablar «de contenidos». «Ocho millones de contratos no son humo, señorías, son personas que ahora tendrán un trabajo decente», ha aseverado.
Díaz, asimismo, ha afeado a sus aliados nacionalistas que «si una norma contiene avances hay que votar a favor». Pero sus críticas no han servido ni para hacer cambiar de idea a ERC, Bildu y PNV, ni tampoco para ahorrarse sus críticas. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha asegurado que esta reforma es la que «hubiera aprobado Albert Rivera si fuera vicepresidente», y ha denunciado que la reforma, a su juicio, gusta «a la CEOE», así como «a la FAES, al Banco Santander o a Cs». Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que aseguró que a su grupo le «gustan los consensos, pero los consensos no se imponen, y menos en los parlamentos democráticos». Y su homólogo de Bildu, Oskar Matute, ha denunciado que ha habido «presiones» que han estado «por encima de los compromisos con la clase trabajadora».
El rifirrafe de este jueves entre Díaz y los independentistas -especialmente duro ha sido el intercambio de reproches con ERC- únicamente es el corolario de dos semanas de bloqueo de una negociación que tomó mal cariz desde el principio. La vicepresidenta, presionada por el PSOE para no ofrecer ninguna contrapartida a sus socios ni siquiera para futuras leyes laborales, llegó incluso a viajar a Barcelona para reunirse con las cúpulas de UGT y CCOO y elevar la presión a ERC, una formación en la que estos sindicatos -especialmente el ugetista- tienen una importante capacidad de influencia. Pero esos movimientos no han tenido ningún éxito.
