El Gobierno ha aprobado un paquete de 80 medidas valorado en 5.000 millones de euros con el objetivo de amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía derivado por la guerra en Irán. Pedro Sánchez ha anunciado que el Real Decreto-Ley entrará en vigor este sábado 21 de marzo y superará los 5.000 millones de euros, beneficiando a unos 20 millones de hogares y tres millones de empresas en España.
La estrategia se centra en dos grandes ejes: rebajas fiscales sobre productos energéticos y ayudas directas a los sectores más afectados. Las medidas se articularán mediante dos decretos, uno de carácter urgente enfocado en energía y protección social, y otro específico para vivienda que deberá tramitarse por separado.
Entre las principales decisiones destaca la reducción del IVA del 21% al 10% en electricidad, gas natural y combustibles, así como la bajada del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5%. Estas medidas buscan contener el impacto de la subida de precios energéticos en consumidores y empresas.
El plan también contempla la congelación del precio máximo de la bombona de butano y propano, además de la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. Con ello, se pretende limitar el traslado de costes al consumidor final en la factura energética.
En relación con los carburantes, el Ejecutivo estima que las rebajas fiscales podrían traducirse en una disminución de hasta 30 céntimos por litro, lo que supondría un ahorro aproximado de unos 20 euros por depósito medio para los conductores.
Además de las medidas fiscales, se incluye una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible dirigida a sectores como el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca. También se prevén apoyos adicionales, como subvenciones para fertilizantes y bonificaciones del 80% en peajes eléctricos para industrias con alto consumo energético.
De igual forma, se prevén deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables, junto a otras bonificaciones para autoconsumo, bombas de calor y rehabilitación energética.
En el ámbito social, el plan mantiene los descuentos del bono social eléctrico hasta final de año, refuerza el bono térmico y prolonga la prohibición de interrumpir suministros básicos a hogares vulnerables. Asimismo, se refuerzan las capacidades de supervisión para evitar prácticas abusivas en la aplicación de estas ayudas.
Por último, el Ejecutivo prevé aprobar en un decreto independiente medidas en materia de vivienda, como la prórroga de contratos de alquiler y la moratoria de desahucios para familias vulnerables, que deberán ser debatidas y aprobadas en el Parlamento.
Pedro Sánchez ha explicado que estas medidas «no impedirán que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero al menos los harán menos erosivos y algo más llevaderos». Con el objetivo de garantizar que las ayudas no se desvirtúan y evitar abusos, se va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades de supervisión y sanción, para que «persiga y, eventualmente si se produce, se castigue con dureza a cualquier empresa que aproveche esta crisis o las ayudas del Estado para enriquecerse».
«Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes y debe volver íntegro a ellos. Un gobierno responsable y las autoridades competentes no podemos tolerar que algunos, por pura codicia, intenten sacar tajada de esta guerra», ha señalado Sánchez.
