El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha anunciado este miércoles que en torno al verano estarán listos los estudios de movilidad en la provincia que “ahora están muy avanzados”, en referencia a los de la autovía A-7, que por un lado abarcan su tramo oriental por la Axarquía y, por otro, el tramo occidental, además del referido al tren litoral desde Algeciras hasta Nerja.
Así, durante un desayuno informativo con periodistas, ha explicado que en el caso de la A-7, en la zona este se pretende determinar si la movilidad se mejorará mediante un tercer carril, una autovía nueva o incluso una combinación de ambas soluciones. Y en la Costa del Sol Occidental, se pretende mejorar las conexiones entre la A-7 y la AP-7.
Al ser cuestionado por si el estudio del tren litoral podría ser descartado finalmente, ha dicho que no lo cree «porque por los datos que vamos conociendo hay cierta viabilidad en algunos aspectos muy importantes, sobre todo en ciertos recorridos que serían los prioritarios para empezar», punto en el que se ha referido al comprendido entre Fuengirola -donde actualmente finaliza la línea C1 del Cercanías desde Málaga capital- y la ciudad de Marbella.
«Por los datos de movilidad que tenemos ahora mismo, el tramo con mayor movilidad de personas es el tramo de Fuengirola a Marbella. Evidentemente, si hay un tramo prioritario sería el que más necesidad de la población tiene», ha dicho sobre este asunto.
Para Salas, este 2026 va a ser «el año de la segunda transformación de infraestructuras» en la provincia, toda vez que el primero lo ha situado durante el gobierno de Rodríguez Zapatero y con Magdalena Álvarez en el ejecutivo central. «Este año, con el conocimiento de los distintos proyectos que se van a tratar sobre carreteras y sobre redes ferroviarias, pues vamos a ver cómo se va a diseñar la segunda gran transformación de la provincia de Málaga», ha indicado.
En este sentido, el subdelegado del Gobierno ha cifrado en 1.170 millones de euros la inversión adicional que la provincia podría obtener como consecuencia de la aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el ejecutivo central.
