Las dificultades de movilidad mantienen en el aire los trabajos para instalar uno de los tramos de colectores pendientes, según destaca Diario SUR.
La crisis del Coronavirus y la paralización de las obras durante estas dos semanas, está afectando también a una de las principales obras públicas que está en ejecución en la provincia: la depuradora de Nerja, que financia íntegramente el Gobierno central. La actuación suma casi cuatro años de retraso para su finalización con respecto a la fecha prevista en el contrato firmado en 2013. Las previsiones antes de la crisis sanitaria que azota el país apuntaban a que la planta podría entrar en fase de pruebas este próximo verano.
Sin embargo, la situación se ha complicado. Tras dos semanas de parón total, ayer se retomaron algunas de las actuaciones pendientes, concretamente en la zona del Mirador del Bendito. No obstante, las dificultades de movilidad de las empresas especializadas mantienen en el aire los trabajos para instalar uno de los tramos de colectores pendientes, que conllevan una perforación de 17 metros de profundidad en un agujero que ya se ha hecho en la zona, que tiene otros ocho metros. La finalidad es alcanzar un tubo que ya se colocó bajo el acantilado de Burriana hace cinco años.
A la espera de que se pueda realizar esta actuación, los operarios de la empresa Lantania están ejecutando otras obras en el entorno del Mirador del Bendito, para reponer los servicios y las calles cercanas. También está pendiente de terminar la colocación de colectores en la zona de la playa de Burriana, donde ya se ha instalado el emisario submarino y se ha terminado una de las estaciones de bombeo. En cuanto a la planta de tratamiento, situada en la zona de Aguahierro, se están dando varios retoques, a la espera de disponer de la conexión eléctrica definitiva.
Los trabajos están siendo ejecutados por empresa Lantania, que se quedó con la actuación tras la quiebra de la primera firma adjudicataria, Isolux-Corsán-Corviam, en el verano de 2017. El pasado octubre se anunció que los trabajos pendientes durarían ocho meses, a los que habrá que sumar otros seis de pruebas, de manera que la planta no entraría en funcionamiento, a pleno rendimiento, hasta principios de 2021, cinco años después de lo contemplado inicialmente en el contrato. La actuación inicial se adjudicó por 23,24 millones de euros, a los que se sumarán dos millones de un proyecto complementario.
