Reproducimos íntegro el comunicado del Ayuntamiento de Nerja:
Durante la presente semana ha venido sucediéndose de manera reiterada y abundante la publicación en medios de comunicación de todo tipo y ámbito de “informaciones” sobre los vertidos al mar, sin la debida depuración, de las aguas residuales urbanas de este municipio, por no disponer de Estación Depuradora (“E.D.A.R.”) en el mismo. Ante ello queremos manifestar que:
1) Ninguna responsabilidad tiene este Ayuntamiento en que este municipio no cuente aún con Depuradora. Desde hace décadas la Corporación municipal viene poniendo todos los medios a su alcance para conseguir dotar al municipio con dicha instalación. En su día se nos pidió por parte de la Administración del Estado que colaborásemos en la obtención de los terrenos en que ubicarla, lo que realizamos poniéndolos a su disposición en el mes de julio del año 2002, tras las correspondientes expropiaciones cuyo millonario coste fue asumido íntegramente por las arcas municipales.
Desde entonces, los órganos de gobierno municipales de todas las Corporaciones han venido instando reiteradamente a la Administración estatal y -en lo que le concernía- a la autonómica la ejecución de las obras para su construcción y puesta en funcionamiento, prestándoles en todo momento, dentro de nuestras competencias y disponibilidades (y conforme a la normativa aplicable), la colaboración que nos ha sido interesada.
Hemos de remitirnos a lo concluido por la propia Administración del Estado en el acuerdo de inicio del procedimiento de derivación de responsabilidad por incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas (acuerdo emitido el 4 de diciembre de 2018 por la Secretaría General de Coordinación Territorial, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y procedimiento derivado de la Sentencia resuelta el 25 de julio de 2018 contra el Reino de España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea [asunto C-205/17]):
“En consecuencia, al existir una declaración de interés general del Estado, y en virtud de lo dispuesto en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía, la competencia sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva 91/217/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en lo relativo a la aglomeración urbana de Nerja corresponde a la Administración General del Estado, sin que se aprecie, en principio, una responsabilidad concurrente de la recogida en el artículo 5 del Real Decreto 515/2013.”.
2) En coherencia con ello la redacción del proyecto de obras de construcción de la Depuradora y su ejecución fueron contratadas exclusivamente por la Administración del Estado, sin participación alguna de esta Corporación en el proceso de su licitación. El contrato fue formalizado el 12 de diciembre de 2012, y el “acta de comprobación del replanteo” (inicio de obras) fue extendida el 10 de diciembre de 2013. Severas divergencias entre el proyecto redactado por las empresas contratistas y aprobado por la Administración del Estado (sin intervención municipal) y el anteproyecto que sirvió de base a dicha licitación (al que sí había prestado conformidad este Ayuntamiento), dieron lugar a una paralización o demora parcial de las obras en el casco urbano de Nerja. Posteriormente las empresas contratistas fueron judicialmente declaradas en situación de concurso voluntario de acreedores. Solventadas, al parecer, por la Administración del Estado las consecuencias derivadas de tal declaración, las obras fueron reanudadas en febrero de 2018, tras varias peticiones municipales y de colectivos ciudadanos a tal efecto. Y según lo manifestado el 20 de noviembre de 2018 por el Secretario de Estado de Medio Ambiente ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, estarían finalizadas “como máximo” dentro del primer trimestre del presente 2019.
3) No obstante la existencia de los vertidos sin el tratamiento exigible, en todas estas décadas sólo se han producido tres prohibiciones de baño, de corta duración y en muy concretos lugares del litoral nerjeño, sin que ninguna de ellas haya llegado a afectar espacios protegidos. Y las autoridades sanitarias han venido calificando anualmente nuestras playas y sus aguas como “aptas” para el baño y, en la mayoria de las ocasiones, con la categoría de “excelente”.
4) Este Ayuntamiento se reserva cuantas acciones legítimas puedan amparar al municipio de Nerja, frente a los daños y perjuicios que ya están causando a su imagen y prestigio y, sobre todo, a su ciudadanía, la persistencia de la situación y el tratamiento que públicamente le está siendo dado.
