Obliga a la Junta de Andalucía a readmitirlas con las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido con abono del salario que han dejado de percibir estos meses.
Una sentencia del Juzgado de lo Social número seis y otra del número dos de Málaga declaran «improcedente» el despido de dos de las trabajadoras de la escuela infantil de Torrox destituidas tras la no subrogación de sus contratos una vez que la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía asumió el 1 de septiembre la gestión directa de las cinco escuelas infantiles que antes se gestionaban de forma privada tras una licitación pública.
Así, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número seis de Málaga señala que «estima» la demanda presentada por una trabajadora de la Escuela Infantil ‘El Faro’ de Torrox frente a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y declara «improcedente» su despido.
Además, condena a Educación a que «readmita a la demandante en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido con abono de salarios de tramitación que equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación», o a que la indemnice «con 14.651,05 euros».
En los mismos términos se expresa el fallo de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social dos de Málaga por una demanda presentada por otra de las trabajadoras de la citada escuela, que también declara «improcedente» el despido condenando a Educación a «readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones de trabajo que ostentaba antes de producirse el despido, y como trabajadora indefinida, no fija, o abonarle la indemnización de 10.626,25 euros».
Sendas demandas fueron también presentadas contra la entidad Santa Gadea Gestión Aossa S.A., que gestionaba el servicio antes de que la Junta asumiera dicha gestión, y la Agencia Pública de Educación, si bien el juzgado las ha «absuelto» de las acciones «formuladas en su contra».
Cabe recordar que a finales de julio del año pasado la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía anunció que llevaría a juicio la situación de las 73 trabajadoras de las cinco escuelas existentes en la comunidad autónoma, después de que, señaló entonces, la Consejería de Educación y Deporte «no pudiese aplicar la moratoria de un año a la que se había comprometido tras recuperar la gestión directas de las mismas», alegando que «el contrato ya estaba prorrogado» y la Ley de contratos «impide una nueva prórroga».
Las 73 trabajadoras, que pertenecen a las Escuelas Infantiles Mediterráneo de Almería, Rocío Jurado de Chipiona y Atunara de La Línea de la Concepción (Cádiz), El Faro de Torrox (Málaga) y Andaluna de Sevilla y que venían trabajando en las mismas desde hace 25, 14 o 12 años, han protagonizado numerosas protestas durante el pasado año y este, primero contra su despido y a partir del 1 de septiembre solicitando a la Junta su readmisión.
