El comité asesor provincial del plan de emergencias ha tomado la drástica decisión de ordenar el desalojo de todas las zonas inundables en los municipios de la cuenca del Guadalquivir, una medida que afecta de lleno a Córdoba capital. La crecida del río, que ya se encuentra en umbral rojo con riesgo inminente de desbordamiento en varios puntos, ha obligado a las administraciones a coordinar un operativo de urgencia. En la reunión, liderada por la Junta de Andalucía, han participado el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno, así como efectivos del 061, Policía Nacional, Policía Local, bomberos e Infoca.
El delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, ha confirmado que se trabaja bajo el «peor escenario posible», equiparable a las graves inundaciones del año 2010. En Córdoba capital, los desalojos se centran en nueve áreas críticas como Guadalvalle, La Altea, San Isidro, Majaneque (zonas afectadas en 2010), Fontanar de Quintos, la Forja I y II, Ribera Baja y la calle de la Barca en Alcolea. Las estimaciones municipales apuntan a que más de 400 viviendas serán evacuadas de forma escalonada, aunque no se prevé que el agua alcance el casco urbano consolidado.
En el resto de la provincia, la orden de evacuación se extiende a las localidades de Villa del Río, Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca, Almodóvar del Río, Posadas y Palma del Río. Para dar respuesta a los damnificados, el Ayuntamiento de la capital ha habilitado el palacio de deportes de Vista Alegre y prevé la apertura del polideportivo de la Fuensanta como segundo punto de auxilio. Mientras la Policía Local y los bomberos ejecutan los desalojos, la Policía Nacional mantendrá una vigilancia especial en las zonas vacías para evitar saqueos desde el puesto de mando avanzado ubicado en el edificio Plaza de la Constitución.
