Va a cumplirse un año desde que el pasado mes de julio se aprobara en el Parlamento Andaluz el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 2/2002 de 17 de Diciembre que establece medidas urgentes en relación a las viviendas afectadas por parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, a las que se le ofrece como salida la posibilidad de ser declaradas como asimilado fuera de ordenación (AFO). Se trata de una figura que permitirá a algunos de sus dueños poder registrar las casas en el Registro de la Propiedad y además acceder a los servicios básicos (agua y luz), algo a lo que hasta ahora no podía aspirar, mientras que otros, bajo la apariencia total de legalidad de sus documentos ya disfrutaban de todos estos servicios.
“Sin embargo, el proceso administrativo es lento, razón por la que SOHA está solicitando que se reduzca a 10 años, en lugar de 20, la doctrina que mantiene el Consejo Consultivo Andaluz del límite de revisión de las acciones administrativas sobre estas viviendas de los compradores de buena fe”, ha explicado Mario Blancke, portavoz de la asociación SOHA .
En Andalucía existen entre veinticinco y treinta mil viviendas en esta situación irregular.
El Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía, la LOUA, para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable fue aprobado con 88 votos a favor y 19 abstenciones, de IU y Podemos, el pasado miércoles 20 de julio de 2016.
La aprobación de este Proyecto de Ley significaba que las viviendas construidas en subparcelaciones en terrenos no urbanizables podrían detener los procesos de demolición si su antigüedad es superior a seis años, por haber prescrito, siempre que no hubiera abierto ya un proceso judicial. Anteriormente a esta modificación, este carácter de ilegalidad nunca prescribía y las construcciones podían ser demolidas en cualquier momento, lo que provocada una situación de desprotección e incertidumbre constante. El Proyecto de Ley aprobado da a la Junta de Andalucía 6 meses para tener preparada la documentación y los procedimientos, y 2 años a los Ayuntamientos para aplicarlo y regularizar la situación de esas viviendas de forma que puedan incorporarse al ordenamiento.
Queda un año para que expire el plazo dado por la Junta de Andalucía para que los ayuntamientos presenten su Avance del Decreto 2/2012 que recoja estas viviendas y puedan ser contempladas en los Planes de Ordenación Urbanística municipales como Asimilados Fuera de Ordenación, lo que sitúa la presión administrativa en los Consistorios y en los vecinos afectados que deben solicitar esta condición en sus ayuntamientos. Sin embargo, hay muchas dudas sobre qué le sucederá a los ayuntamientos que no hayan hecho sus “deberes” y a los propietarios que no hayan realizado la solicitud oportuna en estos municipios.
“El siguiente paso en nuestra lucha debe ser trabajar por la completa legalización de las viviendas construidas bajo la autoridad de los permisos expedidos por el ayuntamiento local”, ha comentado el presidente de SOHA, Philip Smalley.
Los siguientes pasos que ha planteado SOHA son conseguir la rebaja a 10 años, en lugar de 20, de la doctrina que mantiene el Consejo Consultivo Andaluz del límite de revisión de las acciones administrativas sobre estas viviendas; las modificaciones referentes al derecho de usufructo, derechos sobre la superficie y de acceso al mercado hipotecario, que ya fueron remitidas a la Comisión de Justicia a nivel nacional; y finalmente con respecto a la calidad de vida de los afectados, igualar los derechos de acceso a los suministros básicos como agua, luz, saneamiento o telefonía.
“Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿Los políticos, los propietarios, las promotoras, los abogados…, o no se debe buscar culpables? No ha existido un control ni un valor de parar los pies a este urbanismo salvaje. Era una época donde entraba mucho dinero, todos se beneficiaban, se ha querido resolver un problema de paro en el campo mirando a otro lado, pero lo que no puede ser es que por mirar a otro lado se culpe a los propietarios del resultado”, ha añadido el portavoz de SOHA, Mario Blancke.
Diez años de lucha
SOHA es una asociación sin ánimo de lucro formada por residentes, principalmente extranjeros, cuya misión es promover la protección de los derechos de los residentes en la Axarquía de acuerdo al artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, ayudar a otros residentes a proteger sus casas por medio de acción legal u otras acciones, y realizar campañas activas para promover la amnistía a las casas de los propietarios de casas de la Axarquía.
SOHA se estableció en 2008 con el único propósito de salvar sus casas a través de medios pacíficos.
