Los socialistas denuncian que a lo largo del año estos robos afectan en muchos casos al 20% del total de la cosecha y afectan a la práctica totalidad de la provincia
La vicesecretaria general del PSOE de Málaga y secretaria de Política Municipal, Antonia García, y el diputado nacional del PSOE, Miguel Ángel Heredia, han anunciado hoy una Proposición No de Ley que los socialistas han registrado en el Congreso exigiendo al Gobierno de Rajoy más medidas para evitar la problemática de los robos en el campo malagueño.
Los socialistas, que han mantenido una reunión con representantes de los sindicatos agrarios UPA, COAG y ASAJA, solicitan en la iniciativa parlamentaria dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, del número suficiente de recursos materiales y humanos que garanticen la seguridad en el medio rural de la provincia de Málaga e impulsar acuerdos con las corporaciones locales para incorporar a la Policía Local a las labores de vigilancia en el campo.
También piden la mejora de los niveles de prevención, reforzando las labores de investigación, potenciando la labor de captación de información y de elaboración de inteligencia específica; celebrar Juntas de Seguridad locales con periodicidad, facilitar la interlocución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los principales agentes relacionados con el medio rural en la provincia, establecer comunicaciones periódicas con los distintos propietarios de fincas y explotaciones ganaderas y agrícolas y reforzar la coordinación con los agentes de medio ambiente y los agentes forestales. Por último, solicitan planificar e intensificar las inspecciones e incorporar estos riesgos al sistema de seguros agrarios.
Así, Antonia García ha explicado que a lo largo del año, estos robos afectan en muchos casos al 20% del total de la cosecha de estos agricultores y afectan a productos como el mango, el aguacate, la chirimoya y la aceituna de mesa y que se dan en la práctica totalidad de la provincia, desde la comarca de Antequera a la Axarquía pasando por el Valle del Guadalhorce o municipios concretos como Estepona. “Podemos afirmar que estamos ante un problema de seguridad ciudadana que se dilata en el tiempo y ante el cual el PP se niega a actuar con contundencia. El PP de Rajoy y la sucursal de Bendodo en nuestra provincia hacen lo que mejor saben hacer. Mirar para otro lado. Frente a ello, desde el PSOE venimos trabajando en propuestas e iniciativas para poner soluciones a este problema”, ha dicho.
García ha señalado que desde el PSOE de Málaga no van a cesar hasta conseguir “una provincia segura, y que en especial, los trabajadores y trabajadoras del campo puedan realizar su labor de forma segura, sin temor a perder el fruto del trabajo de tantos meses”. “El compromiso del PSOE de Málaga con el mundo rural y en especial y en especial con los trabajadores y trabajadoras del campo es absoluto. Representan un valor fundamental en nuestra economía, en la articulación del territorio y en el impulso y permanencia de nuestros pequeños municipios. El PSOE de Málaga siempre estará en primera fila para defender sus intereses y garantizarles el bienestar y el futuro que se merecen”, ha añadido.
Por su parte, Miguel Ángel Heredia ha explicado que desde 2012 el Gobierno de Rajoy ha reducido las plantillas en la Guardia Civil, especialmente en su despliegue en el medio rural, y que concretamente en la provincia de Málaga han descendido en un 5%, pasando de 2.113 agentes en 2011 a 2012 agentes en 2017. “A esto se une la cada vez más habitual actuación de grupos organizados, verdaderos grupos criminales que se dedican a la sustracción de productos agrícolas y de distintos materiales de las instalaciones y explotaciones”, ha dicho.
Así, ha destacado que “es imprescindible mejorar la seguridad y especialmente la de los ciudadanos en el medio rural, así como de las explotaciones e instalaciones agrícolas y ganaderas en dicho territorio que por lo general, se encuentran en grandes extensiones de terreno y casi siempre en la demarcación territorial que cubre la Guardia Civil”, “con características singulares que las hacen vulnerables, puesto que suelen estar dispersas, se ubican en zonas despobladas y no suelen contar con medidas de seguridad”.
“No hay estadísticas oficiales que informe con rigor sobre el incremento de los robos en el campo, ya que el Gobierno no informa sobre el tema y cuando se pregunta al respecto a través de preguntas escritas remite a la página web del Ministerio y a sus estadísticas criminales. Estadísticas que no facilitan información alguna sobre este tema. Pero basta con hablar con cualquier organización agraria o informarse a través de los medios de comunicación autonómicos o provinciales para que nos encontremos con datos escalofriantes”, ha explicado.
Heredia ha señalado que productores de aguacates de la Axarquía están recurriendo a la vigilancia privada para evitar los robos se quejan de la gran cantidad de sustracciones que se están registrando en el campo debido al alto precio del fruto, con cotizaciones en el campo por encima de los 2,5 euros el kilo y hasta tres para los calibres más grandes, y en el caso de Estepona, los agricultores del municipio están sufriendo numerosos robos, aunque no todos denuncian. Aquí estiman que desde septiembre se han sustraído unos 10.000 kilos de aguacates, lo que supone unas pérdidas de 25.000 euros, a lo que hay que sumar los daños por los destrozos ocasionados en las fincas. También se han registrado robos recientes en parcelas del Valle del Guadalhorce, concretamente en Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, Alora y Pizarra de aguacates, pero también de limones, mandarinas y naranjas, productos que se encontraban en plena recolección y cuyo valor de mercado era alto.
Finalmente, el diputado ha recordado que el último gobierno socialista de Zapatero puso en marcha planes específicos para combatir infracciones penales contra la propiedad en explotaciones agrícolas y ganaderas. Desde el comienzo de su mandato, ha denunciado, el único plan impulsado por el Gobierno del PP “no ha sido más que una copia del puesto en marcha por el Gobierno socialista, con el agravante de que, además, desde el Ministerio del Interior ni siquiera se ofrecen datos sobre los efectos que ha provocado este plan”.
“Las compañías aseguradoras privadas ofertan, al margen del sistema de seguros agrarios y, por tanto, sin ningún tipo de apoyo público, la cobertura de este tipo de daños por lo que, en teoría, los agricultores podrían recurrir a esas entidades para la cobertura de estas pérdidas. Pero el acceso real de los pequeños y medianos agricultores es cada vez más difícil ya que las condiciones que exigen las entidades aseguradoras en muchas ocasiones impiden a estos la contratación del seguro. Por ello, exigimos reformas para garantizar la seguridad de estas explotaciones y de sus trabajadores”, ha concluido.
