Compartir
Ruiz Espejo ha achacado a la «insensibilidad y falta de previsión y de planificación del PP» la situación por la que están pasando las personas que llegan a nuestras costas.
El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha pedido esta mañana en Archidona al Gobierno de Rajoy que rectifique de forma inmediata y cumpla con la ley y los tratados y acuerdos internacionales que en materia de derechos humanos establecen para las personas refugiadas e inmigrantes que, desde la pasada semana, se encuentran recluidos en la cárcel de Archidona.
El dirigente socialista, que ha mantenido una reunión con los representantes municipales socialistas de la comarca de Nororma, que han mostrado su preocupación ante el traslado de los inmigrantes al centro penitenciario Málaga II tras constatarse que el recinto no tiene agua potable ni condiciones de habitabilidad. «Nos preocupa la atención que a estas personas se les puede estar dando en este centro penitenciario».
Así, en este sentido, Ruiz Espejo ha recordado que el centro penitenciario no se encuentra adaptado para acoger personas procedentes de la inmigración. «Es una muestra más de la insensibilidad del PP en estos asuntos, es toda una falta de previsión y planificación cuando sabemos que se ha estado incrementando el número de personas a las costas españolas desde 2012, especialmente en los dos últimos años», ha explicado. Solo en 2017 llegaron a las costas y puerto de Málaga más de 2.000 personas inmigrantes, es el doble del año anterior, no existiendo tampoco en la infraestructura portuaria de la capital ningún edificio para tratar la acogida de estas personas.
Además, el líder socialista ha lamentado que no haya existido ningún tipo de información para los responsables municipales de la comarca. «Ni los gobernantes municipales ni las entidades sociales de la comarca de Nororma que trabajan con personas inmigrantes han recibido comunicación alguna por parte del Gobierno, tampoco se han reforzado ni los servicios de seguridad, asistencia social o sanitaria, lo que puede provocar nuevos problemas en la comarca y en sus municipios», ha precisado. «Es una situación que debe resolverse ya, ha sido un error del PP trasladar a estas personas al centro penitenciario», ha concluido.
Por su parte, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, ha mostrado la preocupación de los socialistas de la comarca. «Las instalaciones del centro Málaga II son para un centro penitenciario que debería abrir, según las últimas noticias a principios de 2018, sin embargo, esta situación retrasará no solo su puesta en funcionamiento sino que prorrogará su utilización como Centro de Internamiento de Extranjeros», ha explicado, al tiempo que ha avisado que los socialistas «vamos a estar vigilantes para que estas personas puedan ver cumplidos sus derechos más fundamentales después de la travesía terrible por la que han pasado.
En el mismo sentido se ha expresado el diputado socialista en el Congreso Miguel Ángel Heredia, que ha reprochado al Gobierno de Rajoy que no se haya reunido con los países de origen de las personas inmigrantes que llegan a nuestras costas para buscar soluciones. «El PP no ha buscado la coordinación de la UE, no es un problema de España sino del Sur de Europa, tampoco ha establecido una coordinación con las Comunidades Autónomas y los municipios para un problema que puede ir a más», ha explicado. «El Gobierno no ha hecho nada, bueno sí, meter a más de 500 inmigrantes en la cárcel de Archidona y destinar el único coche de la Policía Nacional que había destinado para vigilancia nocturna en Antequera a la vigilancia de esta cárcel, es una auténtica barbaridad», ha concluido.
Por último la secretaria regional de Políticas Migratorias y Andaluces en el Exterior, Beatriz Rubiño, ha rechazado la actuación del Ministerio del Interior con los inmigrantes recluidos en la cárcel Archidona. «Están alojados en celdas, no son habitaciones, es una violación flagrante de los derechos humanos es una situación intolerable», ha afirmado.
Frente a esta situación, Rubiño ha destacado el compromiso del Gobierno de Susana Díaz, que ha destinado 5 millones de euros para la Consejería de Justicia e Interior para políticas migratorias y otros 2 millones para atender a inmigrantes a través de Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. «Estamos ante personas que han venido a nuestras costas, son inmigrantes, no delincuentes», ha concluido.
