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Navarro reitera que “España es uno de los diez países más seguros de la UE, si bien esta medida, que cuenta con el respaldo del 80% de la ciudadanía, es necesaria para garantizar la seguridad frente a aquéllos que cometen los crímenes más terribles”
La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha informado hoy de que la formación ha intensificado la campaña de recogida de firmas contra la derogación de la prisión permanente revisable, con la que ya han recabado más de 5.000 apoyos como respaldo a la iniciativa nacional impulsada por familiares de víctimas de graves delitos.
Así lo ha expuesto junto al presidente local de la formación, Francisco Delgado Bonilla, alegando que “en torno al 80% de los ciudadanos están pidiendo, incluso gritando en la calle, que no se derogue esta medida condenatoria”, punto en el que ha destacado que “su aplicación no es indiscriminada, sino que requiere de unos supuestos y análisis muy exhaustivos, hasta el punto que desde su entrada en vigor en 2015 sólo se ha aplicado en una ocasión –en el caso de un padre que mató con una motosierra a sus dos hijos—“, ha explicado.
Navarro ha subrayado entonces que “hasta hace dos años éramos el único país de la UE, junto con Portugal y Croacia, que no tenían esta medida en vigor”, apuntando que “España es uno de los diez países del mundo más seguros, con menor índice de delitos, si bien el objetivo de la prisión permanente revisable no es frenar los peores delitos, sino proteger a la sociedad de quienes cometen aquéllos más graves”.
“Hay muchos argumentos a favor y sólo uno en contra, los que prefieren que prevalezca el tacticismo político y utilizar este asunto para ir contra el PP, que es el único partido claramente a favor”, ha lamentado, esgrimiendo entre los datos a favor “la consecución de tres millones de firmas a favor, un respaldo que crece a un ritmo de 100.000 apoyos a la semana”.
Al respecto, ha señalado que “su no derogación será un éxito de quien lo necesita y lo merece: esos familiares que llevan a pie de calle su reivindicación y que, mientras que la condena es revisable, no lo es su pena por haber perdido a sus seres queridos de manera terrible”, ha dicho en alusión a las muertes de Mariluz Cortés, Diana Quer o el pequeño Gabriel Cruz.
“¿Qué más hace falta para que el PSOE y el resto de partidos políticos se den cuenta de lo que pide la calle?”, ha planteado la dirigente popular, que considera que “merece la pena que intensifiquemos nuestra campaña para seguir apoyando lo que nos pide la ciudadanía”, lamentando que “hace sólo unos días que PP y Ciudadanos presentaron sendas enmiendas para parar la Proposición de Ley que pide la derogación de la prisión permanente revisable y otra vez votaron que no todos los grupos”.
En esta línea, Navarro ha avanzado que “desde el PP no sólo defendemos que se mantenga la prisión permanente revisable, sino su ampliación a cinco nuevos supuestos: en caso de asesinato, cuando no se ayuda a la recuperación del cadáver; en caso de asesinato después de un secuestro; para violadores en serie; violación de menores tras tortura o privación de libertad; y muerte por causa de incendio provocado o destrucción de grandes infraestructuras”, ha enumerado.
Moción a pleno en Vélez-Málaga
Delgado Bonilla, por su parte, ha destacado que ya se han recogido más de 1.100 firmas a favor de la prisión permanente revisable en el municipio, apuntando que “el PP llevó una moción que fue aprobada en el pleno de enero, si bien volveremos a presentarla por vía de urgencia para pedir la ampliación de su aplicación en estos cinco nuevos supuestos, para lo que pedimos de nuevo el apoyo de los grupos municipales”, ha manifestado.
Delgado Bonilla, que ha lamentado la no inclusión en sesión plenaria de otras mociones, como la relativa a ofertas de empleo caducadas, ha explicado que “este hecho motiva que tengamos que utilizar la vía de urgencia”, punto en el que ha anunciado que “el grupo municipal popular pedirá un pleno extraordinario con los puntos que el equipo de gobierno no ha querido incluir en anteriores plenos”, incidiendo en que “en este caso no se trata de un tema político, sino de seguridad que incumbe a todos los ciudadanos”.