La Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía ha decomisado, en varias operaciones llevadas a cabo durante el mes de julio, 13 embarcaciones que se dedicaban a la pesca furtiva de inmaduros dentro del puerto de Málaga y que fueron incautadas ya en la playa, un vehículo, y un total de 3.412 kilos de diferentes especies de pescado y marisco ilegal (por inmaduros y falta de trazabilidad o documentación) en vehículos de transporte, Mercamálaga, embarcaciones profesionales, establecimientos de restauración de Vélez Málaga, y el puerto pesquero Caleta de Vélez.
Las actuaciones de la Inspección se han desarrollado conjuntamente con la Policía Local de Málaga del Distrito Carretera de Cádiz, el Grupoma de la Policía Local de Málaga, y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
El delegado territorial de Agricultura y Pesca, Javier Salas, ha informado que las intervenciones forman parte del plan anual de control de la Inspección Pesquera, que intensifica su actividad especialmente durante verano ante el aumento de infracciones por el incremento de la demanda de pescado por la época vacacional y la gran afluencia de turistas en la provincia.
El pescado incautado se compone de 1.348,9 kilos de pulpo troceado, 987 kilos de atún rojo, 720 de cigalas, 120 de sardinas, 72 kilos de pulpo, 66,9 de boquerón, 29 de concha fina, 24 de gambas, 23 de chirla, 4 de salmonetes y 17 kilos de otros pescados varios.
En el ámbito de estas actuaciones, se han levantado 4 actas con infracción a transportistas, 12 a armadores de embarcaciones pesqueras profesionales, 13 actas con incautación de embarcaciones furtivas cuyo propietario es desconocido, 7 a establecimientos de restauración y pescadería, y 5 sin infracción.
El pescado decomisado apto para el consumo se ha entregado para su distribución a entidades sociales, y el que no cumplía la normativa de trazabilidad y etiquetado se ha destruido. Javier Salas ha resaltado el daño biológico que provoca en los recursos marinos la captura de especies que no alcanzan la talla mínima reglamentaria así como el perjuicio económico que estas prácticas suponen para el sector pesquero que ejerce su actividad conforme a la normativa.
Igualmente ha puesto de relieve la problemática que representa la falta de información en etiquetas de trazabilidad en productos pesqueros, al no conocerse bien o no estar especificado en la etiqueta el origen del pescado. “La trazabilidad- ha precisado-es un instrumento importante para la seguridad alimentaria y para garantizar el derecho del consumidor a conocer todos los datos del producto que adquiere”.
