La propuesta de ampliación de la partida destinada a las ayudas al sostenimiento de la vivienda de familias desfavorecidas no fue considerada urgente para el gobierno tripartito
La propuesta planteada por Izquierda Unida en contra del uso de la cárcel de Archidona para recluir inmigrantes ha salido adelante por unanimidad en la última sesión plenaria del año.
La moción, presentada por los concejales de IU. Miguel Ángel Sánchez y Alicia Pérez Gallardo, que fue matizada para conseguir la aprobación de la corporación, pedía el pronunciamiento de la institución para solicitar al Ministerio del Interior que proceda a reubicar a la mayor brevedad a las personas «recluidas» en el Centro Penitenciario Málaga II en instalaciones que no atenten contra su dignidad. Además de exigir que no se vuelvan a utilizar centros penitenciarios como lugar de internamiento de personas inmigrantes.
En el discurso de petición de voto favorable a la propuesta, el portavoz, Miguel Ángel Sánchez, apeló a la no criminalización de las personas que llegan a nuestro país a la búsqueda de condiciones de vida dignas tras unas manifestaciones del portavoz del PP, Delgado Bonilla, que hizo referencia a un caso de delincuencia entre los inmigrantes, cerca del millar, encerrados en la cárcel de Archidona y que fueron calificadas por IU como «desafortunadas».
- Vivienda
A pesar de la sensibilidad demostrada por este asunto, el gobierno no admitió la urgencia para el otro tema que presentó el grupo municipal de IU en el apartado de urgentes: la ampliación de las partidas destinadas al sostenimiento de la vivienda de familias con pocos recursos. La iniciativa contemplaba el incremento de la partida destinada a tal fin hasta cubrir los 400.000 euros, cantidad que desde el observatorio de la Oficina de Defensa de la Vivienda Digna se pudo estimar en su día como la mínima necesaria para atender los casos más dramáticos.
La escasez de viviendas de alquiler, el encarecimiento de precios, el aumento de los lanzamientos por impago de rentas, el alto nivel de desempleo y la escasez de las prestaciones sociales, amén de la necesidad de previsión de cara al nuevo presupuesto, fueron los argumentos de la concejala Alicia Pérez para defender una urgencia que no prosperó «ante la insensibilidad social del gobierno municipal», señaló.
