José Manuel Ramírez asegura que 13 millones de personas se encuentran «en el precipicio de la exclusión social»

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, organizados por su Fundación General, han llegado este viernes a su fin en la sede de Vélez-Málaga, donde el director del Observatorio Estatal para la Dependencia y director del taller ‘Los servicios sociales como cuarto pilar del bienestar social’, José Manuel Ramírez, ha denunciado que la crisis económica ha provocado un nuevo modelo de sociedad basado en la «cronificación de la pobreza» y que ha dejado a 13 millones de personas en «el precipicio de la exclusión social».

«Los Servicios Sociales debemos evitar que estas personas que están en la pobreza no caigan en la exclusión y servir de ascensor social que promueva su integración en la sociedad de manera normalizada y con los mínimos de calidad y dignidad humana en el marco de una convivencia positiva», ha explicado.



En este sentido, ha declarado que el «desbordado» sistema de servicios sociales se encuentra en un momento de reconstrucción que «cuando era más necesario fue recortado» por el gobierno central y que dejó de atender las necesidades más básicas de personas en situación de vulnerabilidad.

Entre estos grupos más vulnerables, ha puesto en el punto de mira a la pobreza infantil. «Todavía en España, un Estado avanzando, hay niños que viven en la precariedad absoluta, en familias que no tienen capacidad para traer tres o cuatro comidas diarias», ha indicado.

Como director del Observatorio Estatal para la Dependencia, ha recordado que aún persisten luces y sombras en un sistema que lleva paralizado un año debido a la coyuntura política.

«Tenemos que poner en nuestra retina que en España treinta mil personas dependientes fallecen al año, ochenta cada día. Hay millón y medio de personas dependientes, de los cuales 250.000 están en lista de espera. Es terrible porque genera un sufrimiento a esas personas y a las familias al no recibir la prestación y servicio que les corresponden por derecho», ha detallado.

No obstante, el trabajador social ha valorado positivamente los gestos del nuevo gobierno sobre la aprobación de un crédito extraordinario de 500 millones de euros para revertir los recortes y que atañe a las cuidadoras no profesionales, de las que el 94 por ciento son mujeres.

«Se les ha reconocido el derecho a la cotización a la seguridad social que se les usurpó en el decreto de julio de 2011. Creo que se hace justicia con esas mujeres que de manera abnegada cuidan a una persona dependiente durante 24 horas los 365 días del año», ha añadido.

Recientemente Ramírez fue nombrado director del Plan de Investigación e Innovación en Servicios Sociales por la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía. Sobre esta nueva etapa, ha anunciado que el proyecto nace de la necesidad de crear sinergias y transferencia de conocimiento entre la investigación académica, la innovación social y los profesionales.

El primer reto consistirá en el diseño de los contenidos y la búsqueda de estructuras que redunde en la «calidad de vida de nuestra sociedad y la justicia social» y, al mismo tiempo, «especialmente pensando en las personas más vulnerables que viven en nuestra comunidad autónoma».

Menores inmigrantes

La última jornada del curso ‘La inmigración de personas vulnerables’ ha estado dedicada a analizar la situación específica de los niños en materia de políticas migratorias y, para ello, el seminario ha contado con la presencia de Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño, un organismo de Naciones Unidas compuesto por expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos de actuación.

Precisamente, la ponencia de Pedernera se ha centrado en explicar el trabajo del comité en relación al estado español, después de que este órgano haya elaborado un documento de conclusiones y observación tras los diálogos mantenidos el pasado año con autoridades oficiales y asociaciones competentes en este asunto de España.

El presidente ha informado de las recomendaciones que han trasladado a España extraídas de ese informe, que contemplan básicamente dos líneas principales: por un lado, en lo referente al plano económico, alerta de la situación en la que se encuentran muchos menores en el país.

«En el contexto de la población europea, los datos sociales de España son muy preocupantes en términos de pobreza», ha comentado Pedernera, aunque en lo que más ha profundizado en su exposición ha sido sobre inmigración.

Según el experto, desde el comité han pedido que se revisen los protocolos y las normativas de intervención cuando se enfrenten a casos de niños que han cruzado la frontera. En este sentido, se ha advertido de que los procesos de determinación de la edad no están ajustados a la determinada por la convención, por lo que tendrían que trabajar en ello de forma más «holística», señalando que los exámenes óseos y dentales, que es la práctica habitual en nuestro país, no sirven para resolver este cometido.

Además, ha incidido en que este proceso debe hacerse con garantías y respetando siempre los intereses generales del niño, bajo la presunción de veracidad: «Cuando un niño indique que es menor de edad, se le debe tratar como tal hasta que no se demuestre lo contrario», ha aportado sobre los desafíos a los que el estado debe hacer frente para avanzar en «políticas respetuosas» hacia los niños.

El comité le ha marcado un plazo al estado español para llevar a cabo estos ajustes, un periodo que todavía no se ha agotado, por lo que Pedernera confía en que se efectuarán y que España actuará con voluntad, a pesar de que no existe imperativo legal que les obligue a cumplirlos. «Los estados se someten voluntariamente a estos convenios y lo ratifican bajo el principio de la buena fe. Pensamos que sí se van a cumplir y esperamos noticias alentadoras», ha resumido.

Por último, Pedernera ha relatado ejemplos en los que el comité ha intervenido para resolver casos de niños migrantes en el país. En esta línea, ha explicado que se han concluido 17 de los cuarenta que tiene abiertos, el país de la Unión Europea con más casos estudiados, prácticamente la mitad del total de los del continente.

Al hilo de esto, y a modo recomendación final, en su conferencia ha hecho alusión a una de las conclusiones recogidas en observación general del informe elaborado por el comité sobre las obligaciones de todos los estados para con los menores migrantes y sus familias, en la que, explícitamente se indica en el punto 12 que la detención de los niños migrantes debe ser abolida en la ley y en la práctica, la primera vez, ha dicho, que un documento recoge este término y se muestra tan taxativo.

Clausura

En el acto de clausura y posterior entrega de diplomas a los más de 200 alumnos que durante esta semana han asistido a alguno de los cursos y talleres desarrollados en Vélez-Málaga han participado Juan Antonio García Galindo, vicerrector de Política Institucional de la UMA; Cynthia García, concejala de Cultura de Vélez-Málaga, y Diego J. Vera, director de la Fundación General de la UMA.

«Es una satisfacción para la UMA contar con Vélez-Málaga como sede de sus Cursos de Verano, es una de las patas fundamentales, una ciudad que reúne las condiciones idóneas para desarrollar este tipo de actividades, como su patrimonio, infraestructuras, clima…», ha manifestado el vicerrector.

Además, ha dado las gracias a la Fundación, a ponentes y alumnos: «Sin ellos esta formación no sería posible». La edil se ha mostrado muy contenta por el éxito un año más, el decimoquinto, de esta oferta y ha recordado la apuesta de la localidad por la cultura y la buena acogida de la actividad solidaria, celebrada el pasado miércoles.

Por último, Vera ha puesto de relieve la relación de la FGUMA con Vélez-Málaga, no solo por estos cursos, ya que la Fundación forma parte del patronato de la Fundación María Zambrano.

 

 

 




Restaurante Belga La Brasserie

Abrimos nuestra terraza con todas las medidas de seguridad.

avda. Antonio Tore Tore, 16, 29740 Torre del Mar

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